La ley del mejillón

Como era previsible el Consejo de Estado ha dado su respaldo unánime al Gobierno para impugnar el llamado "proceso de participación ciudadana", es decir el paripé montado para el 9N por el president de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Sostiene que ese sucedáneo "agrava incluso los vicios de inconstitucionalidad del anterior referéndum por omitir las elementales garantías". El Consejo de Estado según, se ha publicado, imprime una especial contundencia a su dictamen afirmando que Mas busca "imputar al pueblo de Cataluña una manifestación de voluntad moldeada y orientada en un determinado sentido". También sostiene que el president pretende eludir los controles de manera consciente, reiterada y pública y le acusa de desconocer la lealtad constitucional. Y.... frente a todo esto, como no hay mejor ciego que quien no quiere ver la Generalitat ya ha dicho que seguirá adelante con sus planes.

Otro día en una tertulia, un compañero de mesa que vive entre Barcelona y Madrid, sostenía con toda rotundidad que el Gobierno de España y el la Generalitat están celebrando reuniones secretas para abrir, al menos, una pequeña rendija que le de una salida al menos provisional a Artur Mas. "Nunca ni en los momentos más tensos ha dejado de haber conversaciones y eso es bueno por que la ruptura es un callejón sin salida", afirmó. Cuando el resto de los compañeros le dijimos que de ser así Rajoy sería cómplice de todo este desatino y estaría colaborando al pariré, señaló muy convencido que todo lo contrario que estaría cumpliendo con su obligación de hombre de Estado e insistió en que nosotros de tener la información que él manejaba seríamos más prudentes. No dio un detalle más, ni dijo a que nivel se estaban celebrando los encuentros, donde y desde cuando peor eso sí, tuvo la habilidad de desviar la atención sobre este asunto y de que en vez de Más habláramos de Rajoy.

Ya no hablamos, por ejemplo, de cómo el máximo responsable de la Generalitat, utilizando todo tipo de triquiñuelas para intentar burlar la legalidad se ha valido de muchos subterfugios para mantener la propaganda, pese a que el Tribunal Constitucional dijo claramente  que no podía hacer campaña institucional. De cómo ha movilizado a 40.0000 voluntarios para hacer las tareas que debían realizar los funcionarios o de como no le ha temblado el pulso para tergiversar La ley de Comunicación Audiovisual exigiendo a las televisiones y radios privadas que difundan gratuitamente los anuncios promocionales del 9-N. En resumen, que en su huida hacia adelante le importa un pito incurrir en fraude de ley para hacer su referéndum separatista. No le hemos visto levantar ni un ápice el pie del acelerador y, por lo tanto, si lo que dijo mi colega es cierto esos contactos al máximo nivel para limar asperezas serían un ejercicio inútil y absurdo.

Ante tanto despropósito político, la única garantía es la ley y por eso la semana próxima se volverá a reunir el Tribunal Constitucional  para admitir a trámite la impugnación y, en ese caso, el proceso participativo quedará suspendido de forma cautelar. Sea cual sea la decisión del Alto Tribunal el presidente Mas está al borde del abismo y en un hipotético escenario de desobediencia, el estado -tal como le recordaba ayer mismo el editorial del diario El Mundo- puede responder contundentemente al desafío.

Lo que tiene un cierto punto de gracia es que el antecedente que  el Consejo de Estado ha tenido en cuenta para admitir la impugnación del sucedáneo de consulta soberanista ha sido un conflicto sobre el mejillón. El hecho es que Tribunal Constitucional admitió en enero de 1982 un conflicto de competencias motivado por un escrito del entonces  gobernador civil. Ese conflicto fue promovido precisamente por la Generalitat de Cataluña a la que no le pareció bien que el representante del gobierno en Barcelona dirigiese una comunicación al consejero de sanidad para que inmovilizara todas las partidas de mejillones frescos tras detectarse intoxicaciones leves. El asunto del mejillón acabó como va a acabar toda esta pantomima. Se impuso la ley y también el sentido común y dado que aquí no hay nada que tenga el mínimo sentido común, habrá que hacer todo lo necesario para que el presidente de la Generalitat no se pase la ley por ...