Regular el lobby

¿Existe el lobby en España? No tengan ninguna duda, hay profesionales del lobby, empresas especializadas, aficionados... y "piratas" del lobby. ¿Está regulado? En absoluto. ¿Es malo que no esté regulado? Sin duda. ¿Quién tiene miedo a regular el lobby? Empiezo a pensar que los políticos. Han decidido hacer algo, pero de forma inadecuada y tan tímida que no servirá para nada. Se va a incluir en la reforma del Reglamento del Congreso, si ésta sale adelante. Pero se excluyen el Senado, las Administraciones  Públicas... Juegos de salón. 

Se ha celebrado un interesante debate sobre la gestión de la influencia organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Llorente y Cuenca. Me he convencido aún más de que no hay voluntad de regularlo, de que sigue habiendo miedo al lobby en los políticos y en muchos dirigentes y de que lo que algunos entienden como presión de grupos de interés, que lo es, es también defensa legítima de intereses sociales o profesionales. El lobby es peligroso si no está regulado y es legítimo y necesario si se hace éticamente y con transparencia. Cuando se habla de regular el lobby -que lo está claramente en Europa, que va muy por delante de nosotros- estamos debatiendo sobre la calidad de la democracia.

Lo más llamativo es que quien tenía la responsabilidad de dirigir esta regulación, sostenía en el debate que en ese Reglamento del Congreso- sólo ahí- cabía la posibilidad de escuchar a los expertos, a los profesores o a los sabios, pero no a los líderes de los movimientos ciudadanos de democracia asamblearia o "participativa". Tampoco a muchas voces de la sociedad civil porque "la oposición les utiliza para atacar al Gobierno". También descartaba el intento de algunos de hacer comparecer a protagonistas civiles o sociales de la economía -como los banqueros- porque el objetivo era controlarlos y ponerles en dificultades. Los ausentes nunca tienen razón ni oportunidad de demostrarla.

Entiendo muy poco ese discurso y comprendo mejor la distancia que se agranda entre el sector político y los profesionales o los ciudadanos. El Congreso, el Senado, los Gobiernos, los Ayuntamientos deberían escuchar "oficial y obligatoriamente", con luz y taquígrafos, a todos los que pueden aportar algo al debate político, a los que pueden ofrecer su conocimiento y experiencia cuando se debate una ley que les afecta. La defensa de los intereses de un sector no sólo es legítima, es obligada. Ayudan en la toma de decisiones. Perfeccionan la democracia. El Tratado de la Unión Europea reconoce que las leyes se hagan con participación de la sociedad civil, eso que tan poco practican los Gobiernos en España. Y se debe hacer con transparencia, con un código deontológico claro, sin trampas. Que los ciudadanos sepan quién hace lobby, cuándo y dónde lo hace, qué documentos presenta cada uno, que argumentos  y qué datos aporta. Regular el lobby es dar transparencia y calidad a la democracia. No hacerlo o hacerlo mal es desconfiar de la sociedad civil y dejar más puertas abiertas a la corrupción.   

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