Que no se toque ni un solo papel
viernes 07 de noviembre de 2014, 10:14h
Siegfried
Lenz (Lyck, Prusia oriental, 1926) fue uno de los escritores de la posguerra
alemana más respetados y leídos del país. A lo largo de su
obra intentó explorar la culpabilidad de sus compatriotas en los horrores del
nazismo y luchó para dar forma a una nueva identidad nacional. Hace quince días
murió en Hamburgo. Tenía 88 años y a lo largo de su prolífica y exitosa vida de
escritor había logrado vender más de 30 millones de ejemplares.
La ministra alemana de cultura
defendió bien su valioso trabajo. "No reprimir la propia historia, sino
superarla". Con este convencimiento, Lenz contribuyó, como autor de la
generación de posguerra, a restablecer la fama de Alemania como nación de
cultura", señaló la ministra. Refrito.
«Nos quedará para siempre su
sentido de la responsabilidad ciudadana», decía el presidente de la Academia de
las Artes de Berlín, Staeck. Todos se han referido a la labor de Lenz -que tomó
como una especie de misión personal a lo largo de toda una vida- de procesar
intelectualmente el pasado nazi de Alemania hasta hacerlo digerible a las
futuras generaciones, para que pudiesen extraer cuanto nutriente ético pudiera
proporcionar la experiencia vivida. Así, hizo gravitar sobre sus relatos todo
el peso de la culpa y las heridas de la guerra, identificándola con una losa
que persigue a los supervivientes y como el lastre invisible de los amigos
perdidos en la batalla y de los errores cometidos.
En el
polo opuesto, en España el relator especial, Pablo de Greiff reconoce que hay
mucha información sobre el periodo franquista, si bien "está sumamente
dispersa". Constata que "no existen censos oficiales de víctimas ni datos
oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura",
mientras persisten "temas subexplorados", como los trabajos forzosos, niños
robados, la represión o la implicación de empresas privadas "en la comisión de
violaciones de los derechos humanos". Pese a alabar el trabajo que realizan
asociaciones y fundaciones, De Greiff centra sus lamentos en que la Ley de
Transparencia 19/2013 "no haya sido la oportunidad para abordar los vacíos
legales" para acceder a los archivos y fondos documentales, así como a la
documentación que, "invocando riesgos para la seguridad nacional" sigan
clasificados.
Por todo esto Borja de Riquer y tres
centenares de investigadores han protestado por el cierre con siete llaves de
los archivos españoles. Y es que la consulta de la documentación de algunos
archivos históricos españoles se ha convertido en un tema extremadamente
polémico que puede acabar en un escándalo de alcance internacional. Las dificultades
con que se encuentran los investigadores a la hora de trabajar en los archivos
públicos derivan de las insuficiencias y las contradicciones de la política
archivística española. Hoy es una evidencia que la ley del Patrimonio Histórico
Español de 1985 es obsoleta, entre otras cosas, porque se contradice con la ley
de Protección de Datos de 1999 y con la reciente ley de Transparencia.
Persisten las arbitrariedades a la hora de interpretar cuáles son los datos
personales que pueden realmente afectar "a la seguridad, al honor de las
personas, a la intimidad privada y a familiar, y a la propia imagen". Y eso
hace que muchos responsables de archivos se vean obligados a interpretar una
normativa poco precisa y a actuar a menudo como censores, restringiendo el
acceso a muchos documentos.
Hay dos sentencias del Tribunal
Constitucional que afectan a esta cuestión que tendrían que servir de directriz
máxima. La sentencia de Francisco Tomás y Valiente del 14 de febrero de 1992
defendía el predominio del "interés público de la información sobre el
hipotético derecho al honor". Según esta sentencia, las restricciones tendrían
que ser una excepción y siempre habría que dar prioridad al "derecho a la
información veraz". La otra fue la redactada por María Emilia Casas el 23 de
febrero del 2004, y afectó al famoso programa de TV3 dirigido por Dolors
Genovès sobre el consejo de guerra a Manuel Carrasco i Formiguera. La sentencia
fue bien clara: había de "prevalecer el derecho a la difusión pública de las
investigaciones sobre el derecho al honor de las personas cuando la información
se ajusta a los usos y métodos característicos de la ciencia histórica".
Los últimos años se han producido unos hechos
realmente inaceptables en dos archivos españoles que hay que denunciar
públicamente. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha vetado la
desclasificación de unos 10.000 documentos militares correspondientes a los
años 1936-1968, aunque la anterior ministra, Carme Chacón, había autorizado su
consulta y eventual reproducción.
Mucho más grave es lo que pasa con la
documentación histórica del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación. El 15 de octubre del 2010, a propuesta del ministro Miguel Ángel
Moratinos, el Consejo de Ministros declaró como secreta y reservada gran parte
de la documentación sobre la actividad diplomática, las relaciones
internacionales y la política exterior españolas sin fijar una limitación
temporal, por lo cual esta restricción podía afectar tanto a la documentación
del siglo XX como a la del XVIII. Parece que el escándalo Wikileaks influyó
bastante en este acto, inaceptable en cualquier Estado democrático, dado que
incumple la legislación española y la internacional. El ministro utilizó el
argumento que se hacía eso con el fin de garantizar "la seguridad y la defensa
del Estado", y para hacerlo utilizó la vieja ley franquista de Secretos
Oficiales de 5 de abril de 1968. Pero la cosa no acaba aquí. Hace unos meses,
el actual ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, ha tomado una medida
drástica que ha significado la interrupción de numerosas investigaciones que
hacían historiadores españoles y extranjeros: ha decidido el cierre del archivo
histórico del Ministerio de Exteriores con la excusa de que todos sus fondos se
trasladan al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la
Administración, en Alcalá de Henares.
Estas actuaciones de ministros del Gobierno
Rajoy suponen una clara vulneración de los derechos de los ciudadanos para
acceder a la documentación histórica y un incumplimiento flagrante de acuerdos
y normativas internacionales (Consejo de Europa, Consejo Internacional de
Archivos, Unesco, etcétera). La existencia de políticos que vetan el acceso a
la documentación, o dificultan su consulta, refleja la limitada calidad de la
democracia española. Impedir el libre conocimiento del pasado es una violación
directa de los derechos humanos, de unos derechos tan básicos y elementales
como cualquiera de los que conforman una democracia plena. Son ya numerosas las
asociaciones y los grupos de historiadores que han protestado por estos hechos
y que piensan denunciarlos ante organismos internacionales.
El poder del Estado sobre los archivos no
puede derivar en una excesiva consideración sobre su titularidad y en la
creencia de que no se trata de un servicio público. Los administradores del
poder no pueden actuar como si los archivos fueran suyos, del Gobierno, y no de
todos los ciudadanos. Esta actitud del Gobierno Rajoy contrasta con la adoptada
por el Ejecutivo argentino que, ha puesto a disposición de todo el mundo la
documentación confidencial de las fuerzas armadas (actas Secretas de la Junta
Militar de 1976-1983, "listas negras" de intelectuales, artistas, periodistas...)
localizada recientemente en un cuartel de Buenos Aires. Las lecciones de
democracia se dan con hechos, no con palabras.
Con todos estos antecedentes tan trabajados y
escritos por Borja de Riquer y cientos de los investigadores presentamos y
defendimos en octubre una moción en el Senado con tres puntos.
MOCIÓN
El Senado insta al Gobierno a:
1.- Cumplir los criterios de la Unión Europea
sobre el acceso a los archivos históricos que se rige por la "norma de los treinta
años": los documentos se abren al público treinta años después de su fecha de
creación.
2.- Permitir que los Archivos de los
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa puedan ser consultados por los
investigadores.
3.- Revisar la Ley de Secretos Oficiales para
que no haya ningún impedimento legal a esta labor histórica y de transparencia.
Todos los Grupos la apoyaron. ¿Quién no lo
hizo?. El PP. Y la Moción fue directamente al cesto de los papeles. La
democracia en España brilla por su ausencia.