Cumplir la Ley

En este verano tan atípico que estamos viviendo, donde las temperaturas fluctúan en pocos días entre un calor sofocante y un fresquito intenso, que arruina más de unas vacaciones por anginas o catarro, pensar y hablar de la crisis política catalana puede parecer obsceno e inoportuno. Puede parecerlo pero no serlo por la gravedad de las intenciones de un determinado grupo de políticos que pretenden hacer lo que más les conviene a ellos, que no al conjunto de la sociedad catalana, saltándose la Ley a la torera. 

No nos sorprende que un dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, en este caso Oriol Junquera, escriba que no van a hacer caso a lo que diga el Tribunal Constitucional sobre la consulta del 9 de noviembre; y lo justifica porque sus miembros no están cualificados al ser elegidos por el PP y por el PSOE. Habilidad y oportunismo político le sobran al Sr. Junqueras que es el gran beneficiado por el momento de la absurda deriva soberanista hacia el enfrentamiento emprendida por el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, seguido por la mayoría de los dirigentes de su partido, Convergencia Democrática de Cataluña y, en menor medida, por sus socios de Unió Democrática, de un desconocido, desconcertante y decepcionante Josep Antoni Durán i Lleida. 

Desde el principio, lo más importante de la actitud de los partidarios de la independencia en Cataluña es su desafío al estado de derecho y su ánimo de no cumplir la Ley. El respeto a la Ley es la base fundamental de una sociedad democrática, que tiene entre sus instrumentos el voto de los ciudadanos. Pero tiene que quedar claro que la democracia no es votar para ratificar un supuesto sentimiento del pueblo; la democracia es el imperio de la Ley como pilar esencial de un estado de derecho que regula la convivencia entre todos y que es el que nos hemos dado en España por consenso después de 40 años de dictadura, donde por cierto, se organizaban votaciones, que en ningún caso legitimaban al régimen.  

Si hablamos de votar, los miembros del Tribunal Constitucional a los que se pretende descalificar son elegidos gracias a los votos conseguidos por PP y PSOE. Utilizamos los argumentos según convienen con tal de lograr un objetivo político sin respetar la Ley que es muy perjudicial para el conjunto de ciudadanos catalanes y del resto de España.