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PP, PSOE, C's y Podemos revelan las claves del futuro pacto de Estado por la Educación
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(Foto: Kike Rincón)

PP, PSOE, C's y Podemos revelan las claves del futuro pacto de Estado por la Educación

sábado 17 de diciembre de 2016, 08:02h

El pasado 1 de diciembre, el Congreso de los Diputados aprobó la creación de la Subcomisión para el pacto de Estado social y político por la Educación, con el objetivo de elaborar una nueva ley educativa que sustituya a la polémica LOMCE. La Subcomisión tiene una tarea se antoja casi una hazaña: elaborar un pacto educativo que sirva de base para una nueva ley orgánica. ¿Cuáles deben ser las claves del pacto educativo?, ¿será posible conseguir un texto de consenso teniendo en cuenta los vetos y líneas rojas de los partidos?, ¿se redactará una ley que dure más que el Gobierno que la ha impulsado?, ¿se tendrá en cuenta a la comunidad educativa? Diariocrítico ha buscado respuesta a estas preguntas entre los portavoces de los grandes partidos que forman parte de la Subcomisión.

Sandra Moneo (PP), Marta Martín (Ciudadanos), Joan Mena (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) y Manuel Cruz (PSOE), han explicado a este digital las posturas de las que parten y cómo esperan que se articule el acuerdo. ¿Cuáles serán las claves del pacto educativo?

"Para nosotros el elemento fundamental es la financiación. Acabamos de presentar una proposición no de ley, con el voto favorable del PSOE, para fijar un horizonte de inversión que alcance el 7% del PIB, ya que una ley sin recursos económicos, será papel mojado. También hay que corregir los privilegios de las escuelas privadas y concertadas, porque nuestro ordenamiento jurídico dice que el concierto es un elemento subsidiario, pero en realidad, nuestro concierto es de los más altos de la Unión Europea; y nosotros queremos que el dinero público se destine a la escuela pública. El tercer elemento es la recuperación de la democracia y participación para no convertir a la escuela en un instrumento jerárquico, que es lo que hace la LOMCE y lo que quiere el PP", ha explicado el diputado de En Comú Podem, Joan Mena.

Para el socialista Manuel Cruz, el pacto educativo debe “ordenar la educación, que sido desordenada por la LOMCE. Debe recuperar los mejores elementos de las leyes anteriores, es decir, una ley de bases que funda las anteriores”.

La diputada de Ciudadanos, Marta Martín, ha expresado que “lo primero y lo esencial es que queremos que, por primera vez en 40 años, en un contexto constructivo y riguroso, se hable de educación y no se utilice este tema de manera frentista. Que con las aportaciones de la comunidad educativa (padres, profesores, alumnos) y expertos, y con la mejor disposición de todas las fuerzas políticas abordemos de una vez por todas problemas importantes: el alto abandono escolar temprano que tenemos, las diferencias e inequidades educativas (por motivos de ubicación territorial, contexto sociocultural o características individuales de los alumnos), el grave problema de la profesión docente (en el acceso, la estabilidad y la carrera laboral), la mejora de la convivencia y el problema del acoso, la necesidad de formar mejor a nuestros jóvenes en competencias necesarias para la sociedad de la información; la cuestión de los tiempos, calendarios y cargas lectivas y su relación no sólo con la formación de nuestros niños, sino también de su bienestar personal. En cualquier caso, tendremos que consensuar los temas a tratar”.

“Nosotros vamos a trabajar intensamente con el compromiso de llegar a un gran acuerdo que permita seguir avanzando en la mejora del sistema educativo y atajar sus deficiencias; una de estas deficiencias es la diferencia entre Comunidades Autónomas. Para nosotros también es fundamental que cualquier mejora del sistema pase por la mejora de la situación de los profesores”, ha indicado la diputada ‘popular’, Sandra Moneo.

Pese a que todos comparten la premisa de que será difícil llegar a un consenso, teniendo en cuenta la fragmentación del Parlamento, se han mostrado optimistas al respecto, con excepción del portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea, que ha expresado el “miedo a que el pacto se convierta en mero maquillaje de las políticas educativas del PP, y termine siendo una triple alianza institucional entre PP-PSOE-C´s”.

- Diferencias y semejanzas con la LOMCE

En cuanto a los aspectos diferentes y similares con la LOMCE, cada partido tiene una posición. Así, para Unidos Podemos la LOMCE “es una carrera de obstáculos que va expulsando estudiantes”, y considera que si el PP realmente tiene pensado aprobar una nueva ley, “debe derogar inmediatamente la LOMCE”. El PSOE considera que hay “aspectos conflictivos como el modo de organizar y gestionar los centros, la relación entre la escuela pública y concertada, el tema de la laicidad, o la reversión de los recortes y la inversión en Educación, que deben ser corregidos”. No obstante, Cruz ha manifestado que “cualquier ley recoge siempre elementos de las anteriores”.

“Creo que si empezamos la Subcomisión jugando a las diferencias y similitudes poco avanzaremos. Tenemos que conseguir que la ley que salga adelante, derivada del informe que realice la subcomisión, sea una ley de todos. Habrá cosas que se pueden rescatar de las siete leyes anteriores (si han funcionado), y tendrá que haber también aportaciones genuinas y pertinentes nuevas”, según Marta Martín.

Para el PP, “el marco de la LOMCE se debe debatir en la subcomisión”, y ha resaltado que “hay que buscar el pacto mediante un debate serio, riguroso y con altura de miras. Hay aspectos que han funcionado con las diferentes leyes, por lo que debemos analizar esos aspectos y escuchar a la comunidad educativa”.

- Reivindicaciones de la comunidad educativa

Días después de que se aprobara la formación de esta Subcomisión, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública (que aglutina voces de estudiantes, padres, profesores y sindicatos), remitió un comunicado a este digital en el que manifestaba su preocupación por el desarrollo de este pacto, y advertía a los partidos de que si su voz no es escuchada, volverán a las huelgas y movilizaciones a partir de 2017.

Para esta plataforma, hay una serie de reclamaciones que deberían quedar recogidas en el nuevo texto educativo como: la retirada definitiva de la LOMCE, la reversión de los recortes, la recuperación de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades y el freno a la privatización del sistema educativo. Ante estas reivindicaciones, los partidos mantienen posturas distintas, aunque comparten, según han asegurado, la voluntad de escuchar a la comunidad educativa y expertos.

“Somos conscientes del rechazo a la LOMCE, pero recuerdo que algunas medidas que recoge, ya las contemplaba la LOE del PSOE. Yo no puedo estar de acuerdo con algunas de las ideas que plantea la plataforma, por ejemplo, no se puede hablar de privatización de la Educación cuando la escuela pública representa el 80%. Hay que aparcar los planteamientos personalistas y ser sensatos a la hora de ver qué ofrecemos al sistema y qué medidas tomamos. El PP ha demostrado que el Gobierno es el primero en mover ficha, y se demostró con la retirada de las evaluaciones”, (más conocidas como reválidas), ha manifestado Sandra Moneo.

El diputado socialista Manuel Cruz ha indicado que espera que se contemplen estas reclamaciones, aunque ha insistido en que si lo que se quiere conseguir es un pacto de Estado, “ninguno de los actores podrá conseguir su programa de máximos, por lo que habrá que buscar los puntos de consenso”.

“Creo que la comunidad educativa es muy amplia y, por nuestra parte, se analizarán y contemplarán las propuestas constructivas que aporte, no sólo esta plataforma, sino todas aquellas que puedan contribuir a mejorar la educación de este país”, ha señalado Marta Martín.

PP, PSOE y Ciudadanos han resaltado que no se ha invitado a la comunidad educativa a la Subcomisión porque su creación responde a una iniciativa parlamentaria, y por tanto, es labor de los diputados, aunque han aseverado que serán escuchadas las diferentes propuestas e iniciativas. Por el contrario, Unidos Podemos ha dicho tener la “sensación de que se hará una operación de maquillaje para que parezca que se tiene en cuenta a la comunidad educativa cuando no es así. Nosotros queremos que sean un agente más en la negociación y hablar de tú a tú con ellos, pero el PP y Ciudadanos defienden intereses elitistas, desprecian lo público, y ven en la Educación una vía de negocio vía privatización. Además, es posible que las reclamaciones de la comunidad educativa no aparezcan en el texto, por lo que tendremos una LOMCE 2 que será rechazada por la sociedad".

Ante la ‘amenaza’ de nuevas huelgas y movilizaciones, las posiciones varían según cada partido. Mientras la confluencia de Unidos Podemos ha mostrado su respaldo a estas convocatorias, si se producen, el PSOE ha indicado que “si el motivo de la huelga es que no se escucha a la comunidad educativa, no habrá huelga”.

“Nosotros respetamos el derecho a la huelga, aunque la verdad es que las imposiciones y apriorismos no nos parecen la mejor manera de construir cosas. Ciudadanos es más de trabajo y de ideas que de huelgas: qué le vamos a hacer, creemos que se consigue más con un espíritu constructivo que de queja, pero cada uno es libre de apuntarse a la opción que quiera”.

En la misma línea, Sandra Moneo, que no ha querido entrar a valorar la posible huelga, ha reiterado que “la comunidad educativa tendrá la oportunidad de ser escuchada en la Subcomisión”. “Creo que, cada uno, a la hora de lograr mejorar el sistema educativo tiene sus propias responsabilidades. Cada cual sabrá lo que hace, pero nosotros preferimos buscar acuerdos y acercar posturas”.

La Educación se ha convertido en una de las prioridades de esta legislatura que acaba de arrancar, y todo apunta a que el camino hacia una nueva ley será largo y no exento de polémicas. Tras contactar con los portavoces de los cuatro grandes partidos, las conclusiones principales quizás sean, por un lado, la voluntad (aparente) de elaborar un texto de consenso que cuente con la participación de la comunidad educativa, y, por otro, que sea una ley que ‘sobreviva’ a los cambios de Gobierno.

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