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La Red Democracia Ciudadana de Panamá, que reúne a prácticamente todos los opositores al gobierno de Martín Torrijos, presentará recursos legales para solicitar que se declare inconstitucional un paquete de reformas que creó varias entidades de seguridad, entre ellas un cuerpo de inteligencia, al que los partidos políticos y líderes de oposición han comparado con el temido G2 de los tiempos del dictador Noriega.

Los opositores al proyecto de ley de Torrijos forman una red de organizaciones no gubernamentales con la presencia de dirigentes de partidos políticos opositores, que protagonizan todas las semanas protestas en la emblemática Iglesia del Carmen, sede del civilismo que derrocó a Noriega con la ayuda del ejército norteamericano. Mauro Zúñiga, dirigente de la alianza y declarado enemigo de Noriega, dijo que la legislación viola derechos fundamentales de los panameños, por lo que serán adoptadas medidas legales ante la Corte Suprema de Justicia para objetarlas.

Anunció que el 3 de septiembre próximo marcharán hacia la Asamblea Nacional para pedir a los diputados revertir la decisión adoptada la semana pasada por el Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente Martín Torrijos. Torrijos y sus ministros, con poderes especiales para legislar hasta el próximo 31 de agosto, aprobaron la semana pasada cinco iniciativas relativas a la seguridad.

Con los cambios el Ejecutivo podrá nombrar a oficiales como jefes de la Policía Nacional y en el Servicio de Protección Institucional, ambos de carácter civil, debido a que Panamá carece de ejército a raíz de la invasión estadounidense de 1989. En los cambios introducidos en las leyes de seguridad panameñas, se han creado el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional de Inteligencia y el Servicio Aeronaval. La más criticada es la creación del cuerpo de inteligencia, por considerar que atenta contra los derechos humanos y civiles de las personas.

Según los opositores al paquete de leyes, las nuevas normas promueven el retorno del militarismo y se concentra el poder en el Ministerio de Gobierno. Pero el ministro de Gobierno, Daniel Delgado Diamante, que fue teniente coronel durante la dictadura de Noriega, refutó los señalamientos de los manifestantes y expresó que lo que se pretende es fortalecer la institucionalidad para combatir de manera más eficaz el crimen organizado