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"La migración europea, a donde vinieron en mayor medida, fue a Latinoamérica y aquí fue donde mejor fueron recibidos. No merecemos nosotros recibir este trato", opinó Jorge Pizarro durante su discurso de clausura en la XVII Conferencia Centroamericana y del Caribe de Partidos Políticos que se celebró esta semana en Panamá. El presidente del Parlamento Latinoamericano criticó duramente el jueves la nueva legislación de la Unión Europea en materia de inmigración, aprobada el 5 de junio por los ministros de Interior.

Para el Parlatino la normativa europea ha significado un retroceso en la garantía de los derechos fundamentales de los inmigrantes. Y un retroceso de la peor manera para los latinoamericanos porque significa reconocer en la práctica que hay discriminación. “Porque en Europa se discrimina a los inmigrantes”, dijo Pizarro, especialmente dolido al añadir que “las resoluciones en el Parlamento europeo en materia migratoria son tremendamente dañinas para los objetivos que nosotros tenemos para la integración, no sólo en América Latina sino también con Europa".

La ley que aprobada recientemente por el Parlamento Europeo prevé la detención de los inmigrantes indocumentados, incluidos menores de edad, y se les puede deportar a terceros países, con una prohibición de regresar al bloque comunitario en un lustro. Las penas de cárcel son hasta de 18 meses. La normativa deja en la indefensión a millones de latinoamericanos que viven en Europa, mientras el trato a los europeos en América Latina no muestra el mismo desprecio.

Según el presidente Pizarro, la normativa producirá una ola de retorno de inmigrantes, con el consecuente problema social que significa volver y la transferencia de dicha situación a los gobiernos latinoamericanos. La economía regional latinoamericana se surte de las remesas que envían los inmigrantes desde Europa y Estados Unidos.

El Parlatino desarrollará reuniones preparatorias para dialogar con la UE, sobre la base de criterios, principios y valores latinoamericanos, y con las exigencias mínimas que los países deben plantearle a una sociedad civilizada respecto a sus migrantes.