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VERGÜENZA. Lo dicho. Don Gabriel Diez, el constructor, logró la patente de corso que estaba buscando para que sus negocios prosperen sin complicación alguna: ahora es el excelentísimo ministro de Vivienda en los estertores de la "Patria Nueva". Y como había que guardar las apariencias, el viernes 8 de mayo –dos días antes de su nombramiento– logró que el entonces director de Desarrollo Urbano del MIVI y hoy flamante viceministro, José Batista, le aprobara la asignación de uso de suelo que andaba buscando con esmero desde que arrasó el manglar de la ensenada de San Carlos.

El objetivo final: construir allí uno de esos bodrios de varios pisos que están convirtiendo a este país en el "reino de lo kistch" (o para decirlo en buen panameño, una "runchería" más). Pero ese más que evidente conflicto de intereses y ejemplo de tráfico de influencias no parece haber preocupado en lo más mínimo al presidente, Martín Torrijos; el mismo que me convenció –tengo que hacer un mea culpa público– de que lucharía contra la corrupción. Mientras, en la misma medida que don Gabriel, se afana en ignorar la existencia del humedal o el movimiento de tierra realizado para evitar que resurgiese el mangle, con una terquedad maravillosa insiste en recuperar su espacio.

Esta realidad quedó en evidencia hace solo unos días, cuando la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) emitió una certificación que deja clara constancia de que el área que ahora tiene un uso de suelo denominado RM-2 y Tu3 (residencial de alta densidad y turismo urbano de alta densidad), "está caracterizada por retoños de manglares, estero y estuario...".

Otra prueba: en el año 1996 y tras una primera destrucción de manglar, el entonces INRENARE multó a la empresa del hoy ministro con mil dólares y ordenó la suspensión de las obras hasta que se presentara un estudio de impacto ambiental. Nunca se hizo. Repito: impune arbitrariedad y cero vergüenza. Lina Vega Abad