Mientras los países ricos y el Banco Mundial rechazan que el agua sea un derecho humano, las autoridades panameñas empiezan a tomar conciencia del tema hídrico.Las hidroeléctricas y otras industrias que lucran del recurso deberán reformar el concepto de posesión.El Canal de Panamá es el usuario más importante del recurso hídrico panameño, después de la población que la consume para diversos usos domésticos.El agua de la Cuenca del Canal ha permitido que cientos de miles de buques hayan transformado el recurso hídrico panameño en plataforma de movilización.
La Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional discute en estos momentos el concepto de perpetuidad establecido en la norma actual, tratando de transformarlo en una concesión transitoria, principalmente para aquellas empresas que solicitan los derechos sobre el uso del agua. Al respecto Luis Escalante, de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), explicó que la reconsideración estará sujeta a una evaluación del balance hídrico respectivo en la cuenca de la cual se extrae el recurso y al régimen de caudal ecológico.
“Se establece el uso de agua como un derecho humano, y al saneamiento con carácter público, en donde el Estado es responsable. Nunca será objeto de privatización”, aclaró Escalante, adelantándose a un posible pronunciamiento de los ambientalistas, que temen la privatización del recurso en algunos procesos industriales.Los generadores de electricidad han defendido que lo oportuno sería equiparar el término de las concesiones de agua a las de las concesiones de generación que otorga la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
Javier Giogio, gerente general de AES Panamá, empresa que administra las hidroeléctricas Bayano, Estí, La Estrella y Los Valles y que construye la de Changuinola, ve con buenos ojos la regulación. Explicó que lo que sucede es que todas las demás concesiones que se dan a una empresa hidroeléctrica tienen un término, pero, las de agua tienen carácter de perpetuidad. “La propuesta me parece lógica”, dijo.
El proyecto inicial establecía que las concesiones se concederían por un plazo no mayor de 30 años prorrogables. La Anam propone que sea de 20 a 25 años, y busca actualizar el Decreto Ley 35 de 22 de septiembre de 1966 que reglamenta el uso de las aguas.
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