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Si la producción de azúcar en Venezuela alcanza a medio millón de toneladas anuales y la demanda es de unas 750 mil toneladas, según informaciones de los mismos cañicultores, la decisión de intervenir 2.400 hectáreas dedicadas a ese cultivo, en el valle del Río Turbio, para dedicarlas a sembrar otros rubros, no parece tener una aparente explicación racional.

En momentos de crisis mundial en la producción de alimentos y cuando el Gobierno se las ve complicadas para importar lo que no se produce aquí (es decir, casi todo), se pone el ojo sobre un grupo de pequeños y medianos productores, la mayoría de los cuales es la última de una serie de generaciones que no ha hecho otra cosa sino cultivar caña de azúcar.
Cualquier lego con algo de sentido común supondría que ante el déficit en la oferta y el consiguiente desabastecimiento, además de los cientos de millones de dólares destinados a importaciones, lo indicado sería estimular la producción, máxime cuando el Gobierno anuncia la construcción de nuevos centrales azucareros. (Recordar el tristemente célebre Caes de Sabaneta).

Pero la intención, según lo señalan los voceros del Gobierno y los propios afectados, es despojarlos de sus propiedades, arrasar con los cultivos, crear unas denominadas "unidades de producción socialista" y sembrar frutos para cuya producción no están dadas las condiciones, entre otras causas porque las fuentes de agua (el río y los pozos) están contaminadas por el proceso de urbanización que está cercando al valle. Vale aclarar que mientras hortalizas y otros alimentos requieren agua potable, el riego de la caña se puede hacer con aguas tratadas, mas no para consumo humano y eso es lo que le permite a los cañicultores del Río Turbio mantener la producción.

Pero más allá del despojo injustificado, porque estos pequeños y medianos finqueros no son latifundistas y sus tierras están en plena producción, aparece lo que el presidente del INTI denomina "recuperación" de unidades productivas, como si los propietarios fueran invasores o usurpadores de tierras que pertenecen al Estado, cuando la inmensa mayoría ha presentado títulos de propiedad (el INTI habla de "cadena titulativa) que en algunos casos se remontan a la época colonial.

Arbitrariedad para la cual el castellano destina un verbo (robar) que, dadas las circunstancias, calza con la situación y escandaloso contraste entre el tacto delicado del Gobierno con trasnacionales estatizadas, indemnizadas con miles de millones de dólares y el trato abusivo (militares de por medio) dispensado a venezolanos del campo a quienes se pretende dejar en la calle sin ningún miramiento. Nada extraño si observamos que luego de las confiscaciones individuales de antes, ahora se experimenta con la primera de carácter colectivo, en una acción que, sin duda, forma parte de una escalada.

Roberto Giusti
Periodista venezolano
rgiusti@eluniversal.com