Avanza expropiación de Aerolíneas comerciales en Argentina

Dos comisiones legislativas aprobaron el jueves un dictamen que propone la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al Grupo Marsans de España y elevaron el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, donde será tratado la próxima semana.

"Se determinó que Aerolíneas es de utilidad pública y por ende el Estado tiene derecho a expropiarla", dijo a periodistas el diputado Ariel Basteiro, de Encuentro Popular y Social, tras conocerse el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General de la cámara baja.

Basteiro estimó que el proyecto será debatido en el recinto de la Cámara de Diputados el miércoles por lo que la expropiación de Aerolíneas --y su controlada Austral-- podría concretarse antes de fin de año.

Marsans --propietario del 94,6% de Aerolíneas y del 97% de Austral-- adelantó días atrás que demandará al Estado argentino ante cortes internacionales si se produce la expropiación y se viola el acuerdo firmado en julio con el gobierno sobre las condiciones de venta de las compañías.

En aquel acuerdo, Marsans se comprometió a venderle al Estado sus acciones en ambas firmas siguiendo un mecanismo de valuación que establecía que cada parte aportaría una tasación y que, en caso de disparidad sobre el precio de venta, se recurriría a un tercer valuador.

Pero en septiembre, el Congreso aprobó una ley de rescate de las compañías que lo faculta para determinar el precio de venta, desconociendo el acuerdo.

Según la valuación encargada por el gobierno, Aerolíneas y Austral tienen un valor negativo de 832,8 millones de dólares. Pero el grupo español defiende la cotización que le encargó al banco Credit Suisse, según la cual Aerolíneas tiene un valor de mercado de hasta 60 millones de dólares y Austral de hasta 380 millones de dólares.

El gobierno se ha negado a recurrir a un tercer tasador, tal como lo estipulaba el acuerdo de julio.

El gobierno defiende la reestatización de las líneas aéreas con el argumento de que su quiebra pondría en riesgo la comunicación interna, ya que manejan el 80% del mercado de cabotaje y algunas rutas son operadas sólo por esas compañías, que también distribuyen el correo.

Marsans, por su parte, responsabiliza de su precaria situación financiera al gobierno, por no permitirle aumentos tarifarios, y a los recurrentes conflictos protagonizados por los siete gremios que conviven en el transporte aéreo.

Marsans controla las compañías desde 2001, año en el que las adquirió de la también española Iberia. Las aerolíneas habían sido privatizadas a principios de la década de 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem.