El Ayuntamiento centra el espionaje en los gobiernos de Esperanza Aguirre

Este miércoles comparecían en la primera sesión de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid tres de las personas que tuvieron responsabilidades en el área de seguridad antes de los gobiernos de Esperanza Aguirre: Virgilio Cano, responsable desde 1987 del entonces departamento de Gobernación con el presidente Joaquín Leguina; Carlos Mayor Oreja, que ejerció la competencia durante diez meses entre 1999 y 2000 con Alberto Ruiz-Gallardón; y Pedro Calvo, que sustituyó al anterior en mayo del año 2000.

El grupo del PP en la Asamblea quería demostrar con sus comparecencias que la estructura actual de la Dirección General de Seguridad, a la que se atribuyen supuestos espionajes a altos cargos, le vino completamente heredada en  cuanto a funciones, estructuras y personal, por lo que Francisco Granados -actual responsable de Presidencia Justicia e Interior- de ninguna manera habría creado un servicio de espionaje en su seno. Especialmente, se apoyó en los sucesivos convenios colectivos para demostrar que desde 1985 se atribuían a los técnicos del área funciones de "vigilancia de personas", pero Pedro Calvo, miembro del PP y hombre de Alberto Ruiz-Gallardón, se salió completamente de ese guión.

El delegado de Seguridad, además de dar crédito a lo publicado en los medios cuando se atribuyó a miembros de la Consejería de Interior los seguimientos a Alfredo Prada y Manuel Cobo -así lo certifica la denuncia que este último ha presentado ante el juez-, calificó de "ridículo" que se investigue la gestión de Gallardón y de Joaquín Leguina cuando ambos fueron presidentes regionales. Calvo negó que bajo su mando se hubieran realizado labores de contravigilancia o seguimientos personales y descartó, en contra de lo sostenido por el portavoz popular David Pérez, que cuando estaba de consejero hubiera llevado a cabo una "profunda reforma" de la Dirección General de Seguridad para dar esas funciones a los técnicos que la integraban.

Calvo recalcó que el problema "no está en las estructuras sino en lo que se encarga a esas estructuras". "El problema viene cuando se les encarga lo que no se debe hacer y eso es lo que tienen que determinar esta comisión y las instancias judiciales", dijo, recalcando que las acusaciones de espionaje no vienen de su época, sino que han recaído en el Gobierno de Esperanza Aguirre. "Tanto la comparecencia de Virgilio Cano como la de Carlos Mayor Oreja me parecen un despropósito. No sé que responsabilidades podemos tener. Me parece absurdo. Nada tiene que ver la historia de un servicio con que, en un momento determinado, se haya hecho algo que no se debería haber hecho. Es como si se juzga a un director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, y se hubiese llamado al Duque de Ahumada", ironizó respecto al fundador de la Benemérita.

Respecto a los convenios colectivos, Juan Carlos Durán Bezanilla, director de la Oficina de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento, explicó que las funciones de vigilancia de personas no corresponden a funciones específicas del personal de Seguridad, sino del personal general.

No hubo reestructuración profunda
Después de que se destapasen los supuestos espionajes, Francisco Granados aseguró que bajo su mando no se había creado ninguna estructura en la Consejería que no fuese la existente, y afirmó que fue en la época de Gallardón y Pedro Calvo cuando se conformó la actual configuración de la Dirección General de Seguridad creada bajo Joaquín Leguina.  Además, el diario El Mundo señaló que Gallardón tenía un cuerpo "parapolicial" a su servicio. Los representantes de CC.OO. en el Ayuntamiento de Madrid explicaron en su día a Madridiario que era la escolta personal del alcalde.

Calvo aclaró este miércoles en la comisión de investigación que dicha reforma de la Dirección General tenía tres objetos: ordenar el servicio, fijar las competencias (coordinación de policías locales, bomberos, protección civil, edificios) y convertir en funcionarios a los técnicos de la Dirección General de Seguridad. Esto, recalcó Calvo, no fue una reestructuración en profundidad ni sirvió para encomendarles tareas de vigilancia o contravigilancia entendida como seguimientos o espionajes, sino para dotar de contenido sus puestos en un contexto en el que Guardia Civil, Policía Local y empresas de seguridad privada -en lo que a los edificios se refiere- tenían la mayoría de las funciones. Respecto al epígrafe del documento de reforma que aludía al proyecto de seguridad de altos cargos, concluyó que "no hubo tiempo de llevarlo a cabo" aunque se había puesto 2002 como límite para su entrada en funcionamiento.

El PSOE: "Granados nos ha mentido"
Calvo negó que en su época se ordenasen seguimientos a personas o que los técnicos actuasen de escolta de cargos políticos. Esta función, aclaró pertenecía al Ministerio del Interior mientras que los primeros se ocupaban de "coordinar" a todo el personal. Si se hizo alguna labor de contravigilancia  fue sólo "en coordinación" y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las responsables de ello según los acuerdos firmados con el Ministerio del Interior.

Esta declaración, recalcó el PSOE, desmiente al actual consejero de Presidencia e Interior, que aseguró en la Asamblea que con Pedro Calvo al frente es cuando los técnicos "realizan funciones de seguridad de altos cargos, avanzada, protección hasta tal punto de actuar algunos de ellos como conductores" de los consejeros regionales. "El señor Granados nos ha mentido en sede parlamentaria", recalcó la socialista Maru Menéndez. Para el popular Pablo Casado en cambio, Granados no mintió ya que dijo "lo mismo" que Calvo: se hicieron labores de apoyo y coordinación con la Guardia Civil.

Respecto al presunto espionaje que sufrió el vicealcalde Manuel Cobo, Calvo aseguró que ni la Policía Municipal ni la Oficina de Seguridad Corporativa -la escolta personal de Gallardón que sí depende directamente de su persona- detectaron esos presuntos seguimientos.