Tras ser enviado a juicio oral, De la Rúa afirmó que "se está montando un escándalo nacional”

La decisión fue tomada por el juez federal Daniel Rafecas quien firmó el "decreto de elevación a juicio" con respecto al ex presidente, procesado por cohecho activo, informaron a Télam fuentes judiciales.

De esta forma, la causa contra el ex mandatario fue remitida al Tribunal Oral Federal 3 que hará un único juicio para el ex presidente y otros procesados en la causa, como el ex titular de la SIDE en su gobierno Fernando de Santibañes.

Si bien este proceso aún no tiene fecha de inicio, el Tribunal ya abrió la etapa de recepción de prueba y convocó a las partes.

Por su parte, De la Rúa dijo hoy en declaraciones televisivas tras enterarse de la decisión del magistrado que "no sé por qué causa tanto escándalo, si esto no cambia en nada; se está montando un escándalo nacional con la noticia".

Rafecas envió a juicio al ex presidente luego que su defensa no objetó el cierre de la pesquisa sobre su persona ni la elevación a proceso reclamada por el fiscal del caso, Federico Delgado, el 14 de agosto pasado.

Esto permitió acelerar los tiempos con respecto al ex mandatario, que afrontará el primer juicio oral en su contra luego de su renuncia en diciembre de 2001.

Rafecas dio por cerrada la investigación y comenzó los trámites de elevación a juicio en septiembre pasado, luego de que la Camara Federal confirmó el procesamiento del ex presidente por el delito de cohecho activo.

Finalmente hoy el juez firmó el decreto para enviar a De la Rua a proceso y derivó las actuaciones al tribunal oral que lo juzgará junto a Santibañez, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y los entonces senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Alberto Branda, Remo Constanzo y Emilio Cantarero.

Todos están procesados desde agosto de 2006 y el juicio oral en su contra se demoró porque el Tribunal Oral instó a definir antes la situación de De la Rua para encarar un solo proceso.

El tribunal consideró en su resolución que el pago de sobornos en el Senado para aprobar la reforma laboral "fue un acto del Gobierno liderado por Fernando de la Rúa como presidente", quien renunció a ese cargo en diciembre de 2001 en medio de una profunda crisis social y económica en el país.

Al confirmar su procesamiento, la Cámara Federal sostuvo que el ex mandatario tuvo "el manejo causal de toda la operatoria que concluyó en el pago del soborno" y "no fue ajeno a la maniobra".

Según la acusación, se pagaron 4,3 millones de pesos en sobornos para aprobar el proyecto de la ley votado el 26 de abril de 2000, un hecho que salió a la luz a raíz de la declaración del arrepentido ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto.

Cuando estalló el escándalo, renunció a su cargo el entonces vicepresidente Carlos Chacho Alvarez.