El informe, sobre el que el próximo jueves se pronunciará el pleno del CGPJ, recuerda que la LES confiere a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional "una competencia adicional", que consiste en autorizar o no la "ejecución material" de las resoluciones de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) para cerrar páginas web o retirar determinados contenidos de ellas.
"Naturalmente, en tanto la intervención de que se trata lo es en relación a una previa actuación y resolución emanada de un órgano administrativo, no cabe duda de que deben ser los órganos del orden contencioso-administrativo los competentes para el conocimiento de estos asuntos", señala el texto.
Los Juzgados de lo Contencioso deberán resolver los casos que se les presenten mediante un auto, en el plazo improrrogable de cuatro días y tras oír a las partes interesadas.
El auto en el que se autorice o deniegue la medida propuesta por la CPI se podrá recurrir ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
La única queja
El Consejo General del Poder Judicial resalta como queja la "importante carga adicional de trabajo" para los Juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet. Así lo pone de manifiesto en su informe al anteproyecto de Ley Orgánica Complementaria de la Ley de Economía Sostenible por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.
El pasado 8 de enero, la ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde, explicó el "sistema mixto" elegido por el Ejecutivo para atajar el problema de las descargas que vulneren los derechos de autor en Internet.
Así, cuando un titular de derechos de autor considere que su obra está siendo explotada y distribuida por una página web sin licencia podrá presentar una denuncia a la Sección Segunda, que se creará a tal efecto, de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), quien analizará el caso y lo remitirá a un juez de la Audiencia Nacional de lo Contencioso-administrativo, el cual tendrá un plazo de cuatro días para autorizar o no el bloqueo de esos contenidos concretos.
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