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Aguirre pidió su desaparición tras la sentencia de Sortu

Sala carga contra Aguirre por 'descalificar' y 'menospreciar' al Tribunal Constitucional

Sala carga contra Aguirre por 'descalificar' y 'menospreciar' al Tribunal Constitucional

- Advierte a la presidenta de Madrid que el Constitucional es un tribunal "insustituible"
- También pide la derogación de la 'reforma Fernández de la Vega'

lunes 23 de julio de 2012, 19:06h
Donde las dan las toman, pero además por partida doble: el presidente del Constitucional, Pascual Sala, ha respondido de manera contundente a la presidenta del PP madrileño y de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que pidió su desaparición tras la sentencia por la que se legalizó a Sortu. Sala ha dicho que el Constitucional es "insustituible como supremo intérprete de la Constitución y superior garante de la efectiva vinculación a la misma de todos los poderes públicos". También le ha dicho Aguirre que el TC es independiente, "no un tribunal político, ni politizado".
Con su peculiar y sibilino estilo, Pascual Sala ha lanzado estas advertencias en su discurso en la toma de posesión de los nuevos magistrados elegidos por el Congreso para sustituir las vacantes. Sala mantenía la espina de las declaraciones realizadas por Esperanza Aguirre el pasado 21 de junio, tras conocerse la legalización de los abertzales de izquierda de Sortu, por el Tribunal Constitucional. En ese momento, Aguirre calificó de "vergüenza" la legalización de Sortu y planteó que el Constitucional se convirtiera en una sala del Tribunal Supremo.

Sala ha esperado pacientemente, pero ahora, en la toma de posesión de los nuevos magistrados se ha desquitado convenientemente: "El Tribunal Constitucional culmina el sistema del Estado de Derecho tal y como ha sido ideado y configurado por la Constitución", "la Constitución lo erige en su máxima garantía al dedicarle un Título autónomo, el IX y penúltimo, anterior al de reforma constitucional -Título X-. El Tribunal Constitucional es, pues, dentro de nuestro sistema democrático de justicia constitucional concentrada, insustituible como supremo intérprete de la Constitución -así lo califica expresamente el art. 1º de su Ley Orgánica- y superior garante de la efectiva vinculación a la misma de todos los poderes públicos".

No se ha quedado ahí Sala, que en su discurso les ha recordado a todos los que han criticado la labor de este órgano que "el Tribunal Constitucional es un Tribunal independiente, no un Tribunal político, ni politizado, ni integrado por políticos, dicho sea con el mayor respeto hacia la nobleza de la política como profesión en tanto que dirigida a la satisfacción del interés general y a la consecución del bien común".

Además, ha recordado a los políticos, y a Esperanza Aguirre la primera, que es el "supremo intérprete de la Constitución", y asimismo "es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido solo a la Constitución y a su Ley Orgánica". Para Sala, "sus Magistrados son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato y en el ejercicio de la auténtica función jurisdiccional que desarrollan, en esta ni más ni menos que los Magistrados integrantes de los Tribunales de Justicia ordinaria".

Ahora bien, por el hecho de que por sus competencias, tal y como las enuncia y regula la Constitución y su Ley Orgánica -en esencia arts. 161 y 2º, respectivamente-, las resoluciones del Tribunal en los distintos procesos constitucionales tengan un indudable sustrato político y, por ende, una importante repercusión política y mediática, "no contradice aquella conclusión -entiéndase la de su independencia y la de sus Magistrados- porque el Tribunal Constitucional cumple su función con arreglo a estrictos criterios jurídico-constitucionales y no de conveniencia u oportunidad política".

En definitiva, advierte Pascual Sala que si el Constitucional juzga de controversias políticas, "lo hace con criterios y razones jurídicas", como fue la legalización de Sortu, y que por ello la crítica a las resoluciones del Tribunal "se ha de producir en función de su fundamentación y sin que pueda confundirse con la descalificación o el menosprecio institucional cuando no se conformen con las propias convicciones políticas o incluso con interpretaciones subjetivas y personales de criterios políticos aparentemente generales".

Petición al Gobierno: cambiar la 'reforma De la Vega'

Ahora bien, Pascual Sala ha tenido palabras para todos; incluso para el anterior Gobierno de Rodríguez Zapatero, que cambió en el año 2010 las reglas del juego. En concreto, se refirió a la Ley Orgánica 8/2010, de 4 de Noviembre, que, al disponer en el último inciso del apartado 5 del citado art. 16 que "si hubiese retraso en la renovación por tercios de los Magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación", "ha venido a consagrar como normal el retraso y, en contra de lo establecido en la Constitución, a hacer posibles, también como normales, mandatos inferiores a los nueve años, inclusive inferiores a seis como anómalamente y en la actualidad tienen asignado quienes fueron renovados en el turno del Senado materializado en la precitada fecha de 12 de Enero de 2011, o más de una renovación en un mismo trienio conforme ha sucedido en la actualidad. Interpretando el sentir unánime de los Magistrados".

Sala ha dicho al respecto que "llamo expresamente la atención al Gobierno y al Poder Legislativo para corregir con urgencia este dislate y volver a la renovación ordenada que establecieron la Constitución y la LOTC, está en su redacción originaria".

Este lunes han tomado posesión los cuatro nuevos Magistrados elegidos por el Congreso: Juan José González Rivas, Andrés Ollero Tassara, Encarnación Roca Trías y Fernando Valdés Dal-Re, los cuales reemplazan a Eugeni Gay Montalvo, Javier Delgado Barrio y Elisa Pérez Vera. El cuarto puesto estaba vacante desde mayo de 2008, año en el que falleció el magistrado Roberto García-Calvo.

>> Lea íntegra la intervención de Pascual Sala (pdf)

 
 
 
 
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