Análisis: Gallardón saca del cajón el debate del aborto, que entre reforma y reforma mantiene las mismas cifras

En 2010 la ley correspondiente a la interrupción voluntaria del embarazo sufrió importantes modificaciones. Entró en vigor ese 5 de julio la Ley Orgánica 2/2010, referente a la salud sexual y reproductiva y a la interrupción voluntaria del embarazo, que derogaba el artículo 417 bis del Texto Refundido del Código Penal, redactado conforme a la Ley Orgánica 9/1985.

La anterior legislación certificaba el aborto sin plazos si la salud materna -física o mental- estaba en riesgo, si el feto sufría malformaciones o discapacidades, o si la mujer había sido víctima de violación, pudiendo realizárselo hasta la semana 22. El cambio introducido en 2010 reconocía por primera vez la libre interrupción del embarazo de acuerdo a la voluntad de la embarazada hasta la semana 14, y contemplaba la posibilidad de acceder al aborto más allá de la semana 22 si se demostraba un riesgo mortal para la madre o para el feto o "una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico".

En 2010, coincidiendo con la aprobación de las nuevas normativas de interrupción del embarazo, el número de abortos ascendió un 1,3% en comparación con 2009. Un total de 113.031 mujeres abortaron; 1.550 más que el año anterior. De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, aunque las cifras de 2010 fueron superiores a las de 2009, se siguieron manteniendo por debajo de las de 2008, que llegaron a las 115.812 interrupciones, aunque superan con creces las de 2007, que, según el INE se mantuvieron en 112.138. En realidad los datos demuestran un sector que, aunque variable entre año y año, encuentra la estabilidad al observar los datos a nivel general.



¿Importan tanto las reformas?

Tras analizar las estadísticas y los resultados de las interrupciones realizadas a lo largo de los años, antes y después de la última modificación de la ley, pasamos a preguntar directamente a las clínicas reconocidas por la Comunidad de Madrid que se dedican a practicar abortos (pinche aquí para ver la lista de las clínicas)

El gerente de la clínica Dator, el Doctor Diego Fernández, asegura que desde que se modificara la ley en 2010 "no ha habido una modificación" en la cantidad de interrupciones que se realizan en su centro. "Si acaso una disminución", dice, pero "no ha aumentado".

En lo que respecta al anuncio de Ruiz-Gallardón, Fernández afirma que significa un retroceso en los derechos de la mujer, una vuelta "a la sociedad española de los años 50". Explica que, en realidad, la cantidad de interrupciones por malformación del feto que se realizan es ínfima. Esto se debe a que normalmente estos embarazos suelen ser deseados, pero la malformación o la discapacidad "toma a los padres por sorpresa" y es entonces cuando algunas parejas deciden finalizar el embarazo mediante un aborto, o seguir con el proceso.

Esbozo europeo

El debate sobre la interrupción del embarazo no es problemático sólo en España. En muchos países europeos no existe una ley que regule la situación de los abortos, por lo que se convierte en un negocio paralelo y 'pirata' que, a veces, termina haciendo daño más daño físico y psicológico a la gestante del que normalmente se produce en el proceso estándar.

En Irlanda, por ejemplo, no está permitido ningún tipo de interrupción del embarazo, mientras que en Italia es legal desde 1978 y, aunque en 1982 alcanzó una cifra record de 234.800 casos, se ha logrado regular sin necesidad de limitar la ley. Igualmente, en Francia está permitido desde 1975 durante el primer trimestre de gestación e incluso a partir de las 15 semanas siempre que dos médicos certifiquen que dicho nacimiento puede poner en riesgo la vida de la madre.

En países como Rumanía también es legal la interrupción durante las primeras 14 semanas, pero desde principios de los 2000 el país se enfrenta a que más de la mitad de los abortos se realiza a través del 'mercado negro' con métodos no reconocidos por Sanidad.

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