Así, el único apoyo que han recibido los nacionalistas catalanes es el de PNV y el del BNG, según informaron fuentes parlamentarias.
En la actualidad, la Ley de Educación establece que, en las zonas rurales, se puede escolarizar a los niños de enseñanza básica en un municipio próximo al de su residencia y se obliga a las propias administraciones educativas, es decir, las comunidades autónomas, a prestar de forma gratuita los servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado.
El encargado de defender la iniciativa, Martí Barberá, ha planteado que esta disposición no tenga carácter básico para así posibilitar que sean las propias comunidades autónomas las que decidan si quieren seguir prestando esos servicios escolares de forma gratuita con carácter general, o bien buscar otras fórmulas.
En su opinión, deberían tenerse en cuenta una serie de factores a la hora de decidir la concesión de estas ayudas, como puede ser la renta familiar, la distancia entre el domicilio de residencia y el centro educativo, así como la existencia o no de comunicaciones ordinarias.
En este sentido, opina que debe cambiarse la normativa para "ser más justos a la hora de repartir estos recursos", y que sean las propias comunidades las que determinen, en función de su situación y necesidades, el criterio a seguir a la hora de conceder estas prestaciones.
Desde el BNG, Rosana Pérez, ha subrayado que la crisis económica ha puesto sobre la mesa recortes en servicios básicos y, por ello, comparte con CiU que no se limite a las comunidades autónomas a la hora de gestionar estas ayudas.
Mientras, desde el PP, Francisco Domingo Cabrera, ha entendido en un primer momento "la constructiva propuesta" de CiU porque la comunidad catalana y el resto de comunidades hayan hecho esfuerzos por seguir prestando servicios básicos y gratuitos de calidad.
Eso sí, ha dicho que "la proposición de ley busca una solución distinta a un mismo objetivo", y considera que el lugar más oportuno para debatir este planteamiento se encuentra en la reforma educativa, actualmente en debate. A su juicio, la educación es la clave para el progreso y el bienestar del país.
Por su parte, el socialista Mario Bedera, ha tachado la iniciativa de CiU de "solución desproporcionada para los fines que se persiguen" y, en su opinión, este precepto debe ser básico para que existan la igualdad y la equidad en las ayudas que se conceden a los alumnos rurales.
"Si creen que la prestación de estos servicios deben tomarse en cuenta otras consideraciones, propongan una modificación de este artículo sólo", ha advertido a los nacionalistas catalanes. Así, considera que CiU quiere "las manos libres" para eliminar esta gratuidad de los servicios citados.
El 'número dos' de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, no ve por qué hay que cambiar una ley por cuestiones de gestión administrativa y por ello, ha sospechado de que esta propuesta podría ser "la excusa perfecta" para quitar estos servicios básicos. "Me extraña que presenten una iniciativa de carácter administrativo cuando están detrás de un estado independiente", ha puntualizado.
Joan Tardà, de ERC, ha defendido por su parte que una de las primeras estructuras del nuevo estado catalán a perseguir debe ser la educación. No obstante, ha preguntado a CiU cómo se atreve a presentar una iniciativa de estas características dado el actual escenario de recortes.
"Ahora quieren acabar con este pago y para ello buscan el amparo de sus socios hasta hace poco en Cataluña, el del PP. Les pedimos que la retiren porque rectificar es de sabios y para alcanzar la plenitud nacional se requiere de una educación de excelencia, que garantice la igualdad de oportunidades", ha defendido.
Desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Laia Ortiz, ha tachado la propuesta de CiU de "desfachatez y vergüenza", aparte de una "ofensa" frente al derecho a la educación, que a su juicio es universal, independientemente de la renta de las familias.
Si (
No(
