Desde la tribuna, el consejero de Hacienda de la región, Arturo Romaní, ha defendido que se trata de un "buen" Proyecto de Ley y opina que los diputados socialistas deben reconsiderar su posición.
Además, Romaní considera que esta iniciativa servirá para mejorar los servicios públicos, para dar seguridad jurídica, para asegurar su financiación y para facilitar su gestión tanto a la administración como al propio contribuyente.
Por su parte, la portavoz del PSOE, Delfina Carrasco, ha asegurado que todo el proceso de elaboración de este Proyecto ha estado caracterizado por "la más absoluta opacidad", al no haberse negociado con ningún agente social o económico, ni haberse sometido a información pública.
Según ha dicho, esa falta de información pública "ha imposibilitado" que la multitud de sectores afectados por el Proyecto de Ley hayan podido comprobar las memorias económico-financieras que deben acompañar la creación o modificación de cada tasa y por lo tanto la adecuación de las Bases y Tipos de Gravamen de las mismas.
También ha criticado que el Proyecto se haya tramitado por el procedimiento de urgencia, "reduciéndose así todos los plazos a la mitad". Es por ello que Carrasco piensa que todas estas decisiones tomadas por el Gobierno en la tramitación de esta futura Ley están dirigidas a "hurtar" el debate a la sociedad.
De su parte, el portavoz del PP, José Luis Teruel, ha explicado que con este Proyecto de Ley se pretende "simplificar" el sistema en Castilla-La Mancha y ha defendido que para tramitar esta iniciativa se ha cumplido con lo establecido en el Reglamento de las Cortes regionales.
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