La ceremonia de la confusión

No sé si es que nos toman por tontos o es que realmente lo somos, pero cada vez que veo, oigo o leo unas declaraciones de algún político, sea del partido que sea, se me queda la cara de palo. Siento que me están tomando el pelo y, encima, les estoy pagando por ello con mis impuestos. La clase política es la única clase social que goza de los privilegios del cargo (sueldos, prebendas, inmunidad parlamentaria, etcétera) sin que se les pida el más mínimo rendimiento. Cualquier otro trabajador en una empresa privada que hiciera lo que hacen la mayor parte de los políticos españoles estaría en la calle a la semana de comenzar a trabajar con un despido más que procedente y sin indemnización. No hay más que verlo. Comienzan el curso político después que los universitarios, tienen un mes de vacaciones por Navidad, tres en verano y suelen acudir a su puesto a lo sumo tres días a la semana. Y sin van más cobran dietas aparte del sueldo. Bueno pues a pesar de contar con todos estos provilegios (además de viajes bonificados o pagados, exenciones fiscales y cotizacones mínimas para cobrar su pensión máxima) después son capaces de dar espectáculos tan bochornosos como los de la reciente Comisón de Investigación de los EREs falsos.

Se nota que ya no estamos en tiempo electoral en Andalucía y que, tras las elecciones vascas y catalanas, nuestra comunidad ha vuelto a pasar a un segundo término en las preferencias informativas de los grandes grupos mediáticos. Si el fiasco de la citada Comisión parlamentarias que ha investigado las responsabilidades políticas de uno de los mayores escándalos de corrupción ocurridos en nuestro país desde el restablecimiento de la democracia hubiese ocurrido en Barcelona o Madrid en lugar de en Sevilla, todas las televisiones, todas las radios, todas las tertulias, todos los periódicos, llevarían semanas hablando de escándalo. Pero en estos momentos Andalucía no interesa demasiado teniendo como tenemos centrado el foco de atención informativa en Cataluña. Aquí no se celebrarán nuevas elecciones autonómicas (si IULV-CA no dice lo contrario, que Valderas no lo dirá se lo aseguro) hasta dentro de cuatro años y por lo tanto Andalucía vuelve a ser esa región de charanga y pandereta, de fiestas y ferias, de flamenco y jarana, con la que el resto de los españoles suele identificarnos por mor del tópico que nosotros mismos estamos alimentando. Y sí, también de Sánchez Gordillo y sus ocupaciones de fincas y supermercados, de Pepe Griñán y sus aspiraciones para sustituir a Alfredo Pérez Rubalcaba, del PER, del subsidio y del millón y medio de parados. Todo eso y poco más.

De todas formas lo que riza el rizo del absurdo es que aquellos que no han sido capaces de llegar a un dictámen en la dichosa Comisión de Investigación de los EREs falsos, comenzando por el presidente de la Cámara, Manuel Gracia y por el propio presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, Pepe Griñán, digan ahora que es "indignante" o tachen de "fraude" a una Comisión parlamentaria que no era sino la crónica de un fracaso anunciado gracias al bipartidismo sectario y la escasa honradez de nuestros representantes políticos. Me gustaría saber, al menos, cuanto nos ha costado a los andaluces esta Comisión que no ha servido absolutamente para nada y que ha puesto de manifiesto la incapacidad y la poca vergüenza de muchos. Se habilitó el mes de agosto y septiembre para sus comparecencias y debates, se pagaron dietas a los diputados y viajes y hoteles a casi medio centenar de comparecientes, hubo que pagarle también a numerosos funcionarios de la Cámara andaluza que tuvieron que aplazar sus vacaciones. Todo ello ha costado un curioso dinero que se ha tirado a las cloacas del antiguo Hospital de las Cinco Llagas. Y la única conclusión a la que todos los andaluces hemos llegado después de tres meses de sesudas deliberaciones es que la culpa de no llegar a acuerdo alguno la tienen los otros. El PSOE culpa al PP, el PP al PSOE y a IULV-CA, e IULV-CA al PP y al PSOE. Y lo dicho, a los andaluces se nos queda, de nuevo, la cara de tontos al comprobar que, según el Parlamento que nos representa, aquí nadie tiene responsabilidad alguna sobre los miles de millones que se han robado a las arcas públicas. Perdón, el culpable máximo, es en  lo único que todos parecen estar de acuerdo no es otro que Francisco Javier Guerrero, el director general de Empleo y gin-tonics. Griñán y Chaves, Viera y Fernández, respiran tranquilos y pasarán unas Navidades de lo más felices saboreando en familia el turrón más caro del mundo, que para algo son políticos. ¡Por fa, Mercedes Alaya, recupérese pronto y pongase buena su ilustrísima! Sin usted, esto es la ceremonia de la confusión.