La Asociación Profesional de la Magistratura de Castilla-La Mancha no secundará la huelga

Pese a no sumarse a la protesta, en el comunicado remitido a los medios, la APM manifiesta también "de manera rotunda su total oposición a la reforma proyectada y su compromiso sin reservas con la defensa de la independencia judicial".

   La asociación judicial considera que el anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial, en los términos en los que viene propuesto, "merma la función de gobierno que la Constitución Española atribuye al Consejo General del Poder Judicial y disminuye los instrumentos con los que cuenta para garantizar que los jueces puedan realizar su función de manera independiente".

   Una reducción de las funciones que se evidencia, según añade, en aspectos como que frente a la elección de los vocales de procedencia judicial por los propios jueces, "la reforma pretende establecer una elección política sin cortapisas".

   La APM critica también que el Anteproyecto "busca debilitar la independencia y capacidad de decisión" del Consejo General del Poder Judicial, "obligando a que la mayor parte de sus vocales desempeñen sus funciones a tiempo parcial", al tiempo que "pretende disminuir las competencias del Consejo General del Poder Judicial, asumiendo el poder político la regulación de muchas de ellas, en particular las relativas al desarrollo reglamentario del estatuto judicial", añade.

   Junto a ello, la APM argumenta también su oposición al Anteproyecto en que la reforma de la regulación del procedimiento disciplinario, del que dice que es "de marcada trascendencia para el ejercicio jurisdiccional independiente" y que "manifiesta aspectos inquisitivos carentes de toda justificación".

   Sin embargo, la Asociación ha alegado que no secunda la huelga convocada por las restantes asociaciones judiciales "al entender que dicha medida de protesta no es la más adecuada para la defensa del modelo constitucional del Poder Judicial".

   No obstante, ha añadido, que no puede dejar de manifestar a la opinión pública las "graves" consecuencias que se derivan del Anteproyecto para la independencia judicial y exige su retirada o, al menos, su modificación "sustancial", de manera que se "convierta en un verdadero instrumento para mejorar la Justicia en vez de una intromisión política insoportable en el Poder Judicial".