No hay derecho

Esta maldita crisis se va a llevar por delante a muchas personas que vivían con dignidad, pero también las esperanzas de muchos que apenas sobrevivían malamente gracias a otros. Gracias, especialmente, a muchas ONGs que han levantado la bandera de la solidaridad y que se creen que los derechos humanos es una asignatura irrenunciable. Hablamos de ciudadanos, porque muchas Administraciones, tal vez muchos políticos, sólo se creen lo que les interesa o sólo se lo creen cuando hay dinero y recursos para exhibir esa generosa ayuda a los más vulnerables. Cuando llegan la crisis y los recortes -en la justicia, en la educación, en la sanidad- son para los que menos tienen y los sufren más los expatriados, los inmigrantes, los refugiados. Mala suerte la del que está lejos de su casa, sin familia, sin apoyo, sin recursos...

Parece que la deuda de las Administraciones públicas con las ONGs de acción social está cerca de los 500 millones de euros. En dinero porque en otras cosas es mucho mayor. Muchas de ellas tendrán que echar el cierre más pronto que tarde porque no van a poder hacer frente a los intereses de los bancos para cubrir esas subvenciones que no llegan, van a tener que despedir a trabajadores que estaban atendiendo sus programas y, finalmente, van a tener que cerrar los locales en los que llevaban a cabo sus programas y a dejar en la calle, a la intemperie, a todos los ciudadanos del mundo que atendían. Otra tragedia social de enorme calado y de graves consecuencias.

Es cierto que muchas ONGs han vivido y viven casi exclusivamente de las ayudas públicas y eso es siempre un peligro: por la discrecionalidad con que se conceden y por la crisis. Pero dicho eso, las Administraciones públicas son las primeras obligadas a cumplir los compromisos adquiridos y a pagar en 30 o 60 días, no con un año o más de retraso como sucede en muchos casos, especialmente a aquellas entidades que cuidan a ancianos, a niños, a los sin techo o a personas vulnerables como los emigrantes y los refugiados. La economía no entiende de derechos humanos.

El caso de CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, es paradigmático. A esta organización, con un historial fantástico de 35 años y 200.000 personas atendidas, a la que desde 2009 le han recortado más del 50 por ciento del presupuesto, le deben más de 1,5 millones de euros. Las Administraciones públicas deudoras -Ayuntamientos de Madrid, de Mérida, Valencia, Las Palmas, Gobierno de Canarias, Junta de Andalucía...- no se lo deben a CEAR, que puede tener que cerrar en julio si no llegan esos fondos. Se lo deben a mujeres y hombres con apellidos, a familias refugiadas que huyen de guerras y de terribles violaciones de derechos humanos. Y en lugar de pagar lo que les deben a estos ciudadanos, someten a las organizaciones que les ayudan a fiscalizaciones exhaustivas de proyectos realizados y estrangulan su función. No hay derecho.  

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