Constitucionalicemos el Estado del Bienestar

Llegamos los últimos pero nos vamos los primeros. A nadie se le escapa que tras 40 años de dictadura, España llegó muy tarde a la construcción del Estado del Bienestar. En tan sólo 30 años de democracia hemos construido un Estado del Bienestar. Hoy con una crisis económica mundial, el Gobierno del PP nos dice que el Estado del Bienestar ya no es sostenible. Lo que ya no puede sorprender a nadie es que estas dos épocas históricas han estado lideradas por la derecha española: la dictadura del General Franco y el "gobierno popular" de Mariano Rajoy.

Claro está, el PP ha vuelto a utilizar la vieja técnica de buscar un enemigo y un culpable para justificar su ataque a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Aquellos que hoy nos culpan a los socialistas de los males económicos de nuestro país y al mismo tiempo exaltan la insostenibilidad del Estado del Bienestar son los mismos que en su día se oponían a que estos derechos fueran para todos y todas.

La creación del Estado de Bienestar no es un capricho ni una invención, es el garantizar unos derechos que nos permiten disponer de una calidad de vida digna. Hoy ante los ataques y menosprecio que hacen los dirigentes del PP y algunos sectores mal llamados neo-conservadores, se hace necesario recordar a qué llamamos Estado del Bienestar, que nos están negando.

La creación del Estado del Bienestar vino a dar respuesta a la necesidad de cubrir tres de los riesgos que como personas podemos tener a lo largo de nuestra vida. Situaciones que ponen en riesgo nuestros proyectos de vida y consecuentemente que nos imposibilitan ser libres: el riesgo de caer enfermo, el riesgo de perder nuestro empleo y el riesgo a envejecer. Era necesario que el Estado cubriera esos riesgos garantizando así unos derechos básicos para todos y todas.

La sanidad pública cubría el riesgo de caer enfermo, garantizando que cualquier ciudadano o ciudadana tuviera una atención sanitaria de calidad y no dependiera de sus recursos económicos para ser atendidos. Una sociedad justa e igualitaria se mide por la calidad de su sanidad. Ejemplo de ello es la apuesta que está realizando el gobierno de Obama para garantizar una sanidad pública; pero, claro está, los sectores más conservadores no se lo están poniendo fácil.

El seguro de desempleo pretendía ofrecer recursos económicos a aquellos trabajadores y trabajadoras que por circunstancias no achacables a ellos habían perdido su empleo. El Estado les acompañaba en este tránsito hasta encontrar un nuevo empleo garantizándole un subsidio temporal para que pudiera hacer frente a sus obligaciones. Sencillo y claro. Para el PP esto sólo ha servido para crear desempleados parásitos y tampoco incentiva la búsqueda de trabajo por parte de los desempleados, sino que genera fraude y una mala utilización.

El sistema de pensiones garantizaría que aquellas personas que durante su vida habían trabajado y aportado al fortalecimiento de nuestra economía, dispongan de una renta que les permita asegurarles una calidad de vida después de su actividad laboral. No se trataba de una recompensa ni de tan siquiera de un premio, era simplemente, la materialización de un derecho adquirido a lo largo de los años. El PP les amenaza diciéndoles que no es sostenible, que el Estado no puede hacerse cargo de ello.

Sanidad pública, seguro de desempleo y pensiones dignas, tres derechos que constituyen los pilares básicos del Estado del Bienestar, derechos que nos permiten disponer a todos y todas de las mismas oportunidades para desarrollar nuestro proyecto de vida.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no sólo afianzó el Estado del Bienestar, sino que generó un nuevo derecho que constituiría el cuarto pilar. Ante el riesgo de padecer una discapacidad que nos incapacite para poder trabajar, el último gobierno socialista aprobó la Ley de la Dependencia. Una ley que ha sido bombardeada por parte de las instituciones gobernadas por el Partido Popular y que hoy el gobierno de Mariano Rajoy se ha encargado en firmar su acta de defunción. Para el PP el Estado no se puede permitir hacerse cargo de las personas con algún tipo de dependencia, no es sostenible para el Estado y mucho menos se le debe reconocer un derecho de vida.

Esta es la realidad. Que no nos engañen. El PP nunca creyó, ni cree que todos seamos iguales, ni que ante las dificultades que nos podemos encontrar a lo largo de nuestra vida, el Estado debe diseñar los instrumentos que faciliten que podamos seguir adelante en nuestro proyecto vital. Pero los instrumentos y políticas se fundamentan en algo que debe ser irrenunciable, el establecimiento de un Estado de derechos para todos y todas.

Llegamos tarde a la democracia y al Estado de Derecho. A pesar de ello, España es el país que más ha avanzado en tan solo 35 años de democracia. Pero en tan sólo dos años, con argumentos económicos, se están limitando y negando derechos que nos costaron 35 años conquistar. Los derechos de todos y todas no pueden ser los primeros paganos de la crisis. Ante este nuevo ataque de la derecha, debemos aprender algo: todo puede volver atrás. Por eso, sigamos la lucha y sobre todo constitucionalicemos los derechos que nos hacen iguales a todos y todas.

El Estado del Bienestar es patrimonio de los ciudadanos y por lo tanto debemos incluirlo en nuestra Constitución como un Derecho Fundamental, algo que nadie podrá volver a tocar. La educación que nos permite ser ciudadanos, la sanidad pública y universal, el seguro de desempleo que nos ayude a reincorporarnos a la vida laboral, la protección de aquellos que necesitan ayuda de los demás para vivir y las pensiones que nos garanticen una calidad de vida hasta el final. Constitucionalicemos el Estado del Bienestar, que la derecha de siempre no nos vuelva a negar nuestros derechos.

[*] Federico Buyolo García es diputado del PSOE por Alicante, portavoz adjunto de la Comisión de Educación y Deporte y secretario de Movilización del PSPV-PSOE