Desafío internacional a China: la Audiencia ordena el arresto del ex presidente chino por el genocidio en el Tibet

   El magistrado ha acordado también que se acuerde también la expedición de las correspondientes órdenes de busca y captura para su ingreso en prisión incondicional del ex primer ministro Li Peng, el jefe de la seguridad china y responsable de la Policía Qiao Shi, el exsecretario del partido en el Tibet Chen Kuiyan y el exministro de Planificación familiar Peng Pelyun por su presunta participación en el genocidio perpetrado en el Tibet.

   Según Moreno, Jiang Zemin ejerció autoridad de supervisión sobre las personas que cometieron de forma directa los abusos propiamente dichos, lo que le hace responsable de actos de tortura y otros importantes abusos de derechos humanos perpetrados por sus subordinados contra la población tibetana.

   "Teniendo en cuenta lo ordenado por la Sala, hayándose Jiang Zemin en paradero desconocido, a fin de materializar lo ordenado por la Sala y librar  la orden internacional de detención y en virtud de los artículos 503 de los chinos y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar la prisión provisional incondicional y sin fianza del mismo, y librar orden internacional de detención ordenada por la Sala de lo Penal", recoge en el auto.


Límites a la Justicia Universal

Por su parte, el Pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración la proposición de ley del PP para reformar la jurisdicción universal, regulada en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), con el fin de que introducir nuevos requisitos que se pretenden aplicar a las causas actualmente en trámite en la Audiencia Nacional. Toda la oposición se ha mostrado en contra.

La principal novedad es limitar las actuaciones a casos en los que los criminalmente responsables sean españoles o extranjeros nacionalizados tras la comisión de los hechos supuestamente delictivos, lo que abriría la puerta a archivar diferentes causas que se están tramitando actualmente en los juzgados centrales de Instrucción. Entre las causas afectadas figura la que mantiene abierta el juez Ismael Moreno por el genocidio tibetano contra la cúpula del Gobierno chino, incluyendo a los expresidentes Jiang Zemin y Hu Jintao y el exprimer ministro Li Peng, cuyas órdenes de detención han sido avaladas por Audiencia Nacional en contra del criterio del fiscal.

Pero la reforma también podría provocar el archivo de casos como la muerte del periodista José Couso en la Guerra de Irak, por la que se acusa a militares estadounidenses; el asesinato de Ignacio Ellacuría y otros cuatro jesuitas españoles a manos de militares salvadoreños en 1989; la investigación de altos cargos guatemaltecos por delitos de genocidio y torturas cometidos contra la población maya; la investigación de altos mandos de Ruanda por la muerte de cuatro millones de personas en los años noventa y del asesinato de nueve españoles; o las denuncias por casos de ablación genital.

En contra de lo habitual, los cambios legales no se acometerán a través de un proyecto de ley del Gobierno, sino merced a una proposición de ley por parte del partido que sustenta al Ejecutivo, lo que permite acelerar los trámites y eludir informes de los órganos consultivos como es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado.