Rafael Catalá se mostraba así de tajante este lunes en Ciudad Real sobre el cambio de gestión en los registros civiles, de los que se van a hacer cargo los registros mercantiles y de la propiedad como así establece la ley aprobada por unanimidad parlamentaria en 2011.
El ministro ha sido preguntado por los periodistas sobre las protestas de los funcionarios por la salida de registros civiles de los juzgados durante el acto de colocación de la primera piedra del Colegio de Abogados de Ciudad Real y ha recordado que en la ley se reconoce que los registros civiles no tienen una función jurisdiccional, sino que recoge los datos de las personas, "aunque históricamente se haya llevado en los juzgados".
Implantar un nuevo Registro Civil Electrónico
Por este motivo, ha indicado que desde el Ministerio de Justicia se está trabajando en la implantación de un nuevo registro civil electrónico, "propio del siglo XXI", para encomendar esta función a los registradores, "que son un cuerpo de funcionarios que hoy ya desempeñan esa función en relación con la propiedad, los bienes muebles y también con el registro mercantil, por lo que parece razonable que también puedan llevar el registro civil".
Asimismo, ha querido tranquilizar a los trabajadores de Justicia porque, ha dicho, su departamento trabaja para que desde los juzgados, pero deje de llevarse esa función y sin que implique ninguna merma de empleo, ni de los funcionarios de carrera ni de los interinos porque ese es el acuerdo que tenemos con las Comunidades Autónomas".
En cambio, los registradores mantendrán este registro público, tutelado por el Ministerio de Justicia, y gratuito para los ciudadanos, pero con mejoras gracias a las nuevas tecnologías. "Estamos intentando llevar a cabo un mandato parlamentario de 2011: articular un registro electrónico, público y gratuito que llevarán funcionarios públicos como los registradores de la propiedad y mercantil", ha concluido.
Estudiar cambios en relación al término "imputado"
Rafael Catalá ha avanzado además su intención de llevar a la reunión del Consejo de Ministros del próximo viernes el texto modificado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, añadiendo las mejoras que propone el Consejo de Estado en lo que se refiere a la denominación de "imputado" para aquella persona inmersa en una investigación judicial.
Así lo ha asegurado Catalá, durante el ato de puesta de primera piedra del Colegio de Abogados de Ciudad Real, preguntado sobre el citado informe aprobado por unanimidad el pasado jueves, y en el que el Consejo de Estado refiere que el término "imputado" es confuso, por lo que aconseja cambiarlo por "investigado" cuando se esté en la primera fase del proceso y después, a medida que aumenten los indicios o se consoliden las pruebas, pase a llamarse "encausado".
El ministro de Justicia ha señalado que aún no han recibido el informe, que espera llegue este martes o miércoles, pero que en cuanto lo haga se pondrá a trabajar con la máxima agilidad posible para que las modificaciones estén hechas el viernes.
"Nosotros ya hemos incorporado alguna modificación en el documento que le enviamos respecto al que elaboró de Gobierno, y hemos añadido mejoras fruto de los informes de la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Y es que para esto se piden los informes, para mejorar atendiendo a las observaciones", ha argumentado Catalá.
Respecto al caso concreto del término "imputado", el ministro de Justicia ha destacado que "tiene un nivel de contaminación semántica muy alto" y está generando, a su juicio, un debate "artificial" sobre si los "imputados tienen ya alguna tacha de culpabilidad que implica, entre otras cosas, la dimisión o el abandono de la vida pública".
Ha recordado que desde el Ministerio están trabajando con una comisión de expertos con la Real Academia de la Lengua Española para mejorar el lenguaje jurídico, a fin de encontrar un término "más adecuado que el de imputado como, por ejemplo, el de investigado".
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