El Congreso aprueba la reforma del aborto con al menos 4 votos en contra en el PP

La reforma ha contado con 184 votos a favor del Grupo Popular, 5 de Unió y uno de Foro Asturias. Cuatro diputados del PP han roto disciplina de voto, ya fuese durante la votación del dictamen de la Comisión de Sanidad o al pronunciarse en la votación de conjunto que correspondía hacer por tener la norma carácter orgánico. Así se han dado posiciones distintas aunque el texto sometido a consideración en ambos casos, era el mismo. Los 'díscolos populares' son Antonio Gutiérrez, Lourdes Méndez, Eva Durán, José Eugenio Azpiroz, y Javier Puente, que se ha abstenido.

Javier Puente ha defendido que "la vida es el principal de los derechos y el aborto, una tragedia personal y un fracaso social". Mientras, Lourdes Méndez ha explicado que su voto ha sido "en coherencia" con sus principios. "He votado en contra en el dictamen de la proposición de la ley orgánica, en coherencia con mi programa y en coherencia con lo que siempre hemos mantenido dentro del partido y con esa misma coherencia he votado en la tarde de hoy (...) No es sencillo ni agradable votar en contra de tu propio grupo", ha señalado Lourdes Méndez al salir del Pleno.

Sobre el motivo que la ha llevado a abstenerse en un caso y votar en contra en el otro, ha dicho que "a lo mejor" se ha equivocado. "No me habré dado cuenta, pero mi voluntad es haber votado en contra", ha señalado.

También ha podido producirse un error entre las filas del Grupo Socialista, desde las que se ha emitido un voto a favor de la reforma del aborto. Se trata de la diputada Mamen Sánchez, recientemente proclamada alcaldesa de Jerez.

Para el senador del PP Ángel Pintado, presidente del movimiento Acción Mundial de Parlamentarios Por la Vida, "Rajoy ha perdido la oportunidad de pasar a la Historia como un gran estadista", tal y como ha dicho en su cuenta de Twitter tras conocerse el resultado de la votación.

Al margen de las particularidades dentro del PP, han votado en contra de la reforma el PSOE, Convergència, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, PNV, Amaiur, ERC, BNG, Coalición Canaria, Compromís y Geroa Bai, es decir, que sólo ha contado con el apoyo del propio Grupo Popular, Unió y Foro Asturias.

Con esta votación, la proposición de Ley Orgánica viaja al Senado en los mismos términos en los que se presentó en abril. La intención del PP es que pueda completar allí su tramitación sin que se incorporen cambios, de forma que el texto no tenga que volver a ser refrendado en el Congreso de los Diputados y pueda estar listo para su publicación en el BOE a finales del mes de septiembre, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Se avanza así en el trámite de esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular registró en el Congreso después de que el Gobierno retirase la reforma del aborto que había planteado el Ministerio de Justicia, un proyecto que proponía la instauración de un sistema de supuestos más restrictivo que el vigente desde 1980 y cuya desaparición implicó la salida de Alberto Ruiz Gallardón.

La modificación sólo toca las leyes de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de Autonomía del Paciente para que el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesita el consentimiento de sus tutores legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos. En caso de que la joven discrepe de sus tutores, tendrá que acudir a un juez para que medie en el conflicto.

La forma escogida para impulsar la reforma ha sido cuestionada por los grupos parlamentarios y las ONG desde el principio, ya que al presentarla en forma de proposición de Ley Orgánica, no ha tenido que pasar el filtro de los órganos consultivos del Estado, encargados de informar las leyes.

Asimismo, el fondo de la cuestión ha recibido numerosas críticas: sus detractores aseguran que abocará a un aborto ilegal e inseguro a las chicas más vulnerables, aquellas que cumplen algunas de las causas tasadas en la ley para no informar a sus progenitores, como en caso de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o desamparo.

Tampoco ha contentado a las asociaciones auto denominadas pro vida, que exigían al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales entendiendo que estos eran la derogación del sistema de plazos actual y la reinstauración del sistema de plazos que avaló el Tribunal Constitucional en una sentencia en 1985.

La misma premisa ha inspirado críticas dentro del propio Grupo Parlamentario Popular, donde cinco diputados han encabezado públicamente la disconformidad de un sector de los votantes para quienes reformar un aspecto tan puntual de la ley viene a avalar el resto de su contenido.

El PP, por contra, ha defendido que este es el único aspecto en el que hay consenso social suficiente y se remite a lo que tenga que decir el Tribunal Constitucional sobre el resto de cuestiones.