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Dos juezas, una bronca y dos destinos

viernes 25 de septiembre de 2015, 20:38h

Al final va a ser verdad la frase que hizo famoso al ex alcalde de Jerez y dirigente andalucista, Pedro Pacheco, ya saben, aquella de “la Justicia es un cachondeo” relativa a su litigio sobre el derribo del chalet de Bertín Osborne. En este país todavía llamado España (ya veremos como se llamará a partir del próximo domingo) los jueces, salvando honrosas y escasas excepciones, nos demuestran un día sí y otro también que están al servicio del poder, ya sea éste estatal, regional o local, que para el caso es lo mismo. Yo comprendo que los magistrados, como cualquier hijo de vecino, tienen sus preferencias políticas, sus filias y sus fobias, pero sería conveniente que a la hora de ejercer su función, las dejaran encerradas con doble llave en un cajón para que aplicaran la Justicia, esa señora con los ojos tapados y la balanza, lo más equitativamente posible para evitar, sobre todo, que los ciudadanos acaben concluyendo lo mismo que afirmó en su momento Pedro Pacheco y desconfíen totalmente de aquellos encargados de impartirla.

Viene todo esto a cuento por los escandalosos casos de corrupción política que en los últimos tiempos se han destapado en Andalucía y que han supuesto un desfalco de cientos de millones de euros de las arcas públicas y del bolsillo de todos los andaluces en provecho de unos cuantos chorizos y de alguna fuerza política concreta con nombre y apellidos que lleva gobernando casi cuarenta años ininterrumpidamente en esta tierra. Ya saben a qué me refiero, a los famosos EREs fraudulentos y a los falsos cursos de formación que han servido para colocar a Andalucía como una de las comunidades más corruptas de todo el Estado español..

Como todos ustedes saben la instrucción de ambos casos ha corrido a cargo durante los últimos cuatro años de la juezMercedes Alaya quien, entre otros méritos, debe apuntarse en su haber el levantar un volumiso sumario ftuto de un trabajo esmerado y minucioso que ha conducido a la imputación de más de doscientas personas, entre ellas dos jefes del Ejecutivo autonómico, Manuel Chaves y Pepe Griñán, y una docena de consejeros, y a forzar la dimisión del presidente Griñán. Pese a las continuas trabas que la Junta ha estado poniendo continuamente en su camino, pese a los escraches y las amenazas, pese al acoso político, Alaya ha instruido un sumario con escasos fallos y que pone de manifiesto una trama institucional desarrollada bajo un plan concreto para beneficiar a miembros del partido en el poder.En su contra se podría aludir a la lentitud y el enrevesamiento de la causa aunque no cabe duda de lo complicado que ha debido de ser la instrucción en todos estos años sin la colaboración de la Administración autonómica.

Hace unos cinco meses, Mercedes Alaya dejó su puesto en el Juzgado número 6 que atendía estas dos macrocausas, tras su merecido ascenso en la Audiencia Provincial de Sevilla, pero como quería seguir hasta el final el desarrollo de las mismas, solicitó a sus superiores, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), quedarse en comisión de servicios para continuar y poder acabar el trabajo iniciado hace un lustro. Nada más tomar posesión, su sustituta en el Juzgado número 6, Mariángeles Núñez Bolaños pidió que se troceara el sumario de los EREs, algo a lo que Alaya se negaba en redondo para evitar su dispersión y se hizo cargo de la instrucción del caso de los falsos cursos de formación. Ahora, cuando Alaya quiere incorporarse a la mencionada comisión de servicios, Núñez Bolaños se niega afirmando que no necesita apoyo alguno y que lo que requiere son funcionarios. La patata caliente ha pasado del CGPJ al TSJA y los dos organismos se muestran reacios a tomar una decisión, dándole largas y solicitando nuevos informes a ambas magistradas.

Parece evidente que la relación personal entre ambas juezas no es la más idónea y que su afinidad ideológica está dividida entre los principales partidos andaluces. Mientras Alaya parece más afín a los postulados del PP, Núñez Bolaños está más cercana al PSOE y al consejero de Justicia, Emilio de Llera, con quien mantiene una cierta amistad. Ello explicaría el empeño de la nueva jueza en implicar al Gobierno del PP en alguno de los presuntos EREs falsos, como el de la Franja Pirítica de Huelva, donde colaboraron en su momento la Junta de Andalucía y el Ejecutivo de Aznar. Política, todo política. ¿Dónde queda la Justicia?

Porque la pena de todo este asunto es que los dos escándalos políticos que han sacudido las entrañas de esta tierra y de su millón y pico de parados, parecen irse diluyendo poco a poco y cada día salen menos en los medios de comunicación, hasta que nadie se acuerde de ellos. ¿Los EREs fraudulentos? ¿y eso qué es, otro partido político nuevo? Al final, ya lo verán, nadie irá a la cárcel, ni siquiera los Guerrero o los Lanzas de turno, no se recuperará ni un euro de lo defraudado y el escándalo será olvidado por una sociedad que, a estas alturas, todo le resbala y ya parece haber asumido que los políticos, todos los políticos de uno y otro signo, tienen carta blanca para hacer lo que quieran con nuestro dinero, hasta llevárselo a casa calentito y en maletines sin que nadie les rechiste. Y al resultado de las últimas elecciones andaluzas me remito.

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