PSOE: ¡Sálvese quien pueda!

La lectura del pacto de gobierno entre los nacionalistas vascos y los socialistas de Euskadi tiene varias dimensiones. La más positiva se refiere a la consolidación de la gobernabilidad del País Vasco y la posibilidad de avanzar así hacia la convivencia pacífica tras la derrota estratégica de ETA. Inmediatamente cabe mencionar el “efecto reflejo” que tiene sobre la situación política española: alcanzar pactos de gobierno trasversales es un buen ejercicio para aumentar la calidad de la cultura política carpetovetónica. Ojalá caigan algunos prejuicios que todavía sustentan la tendencia a la política de banderías.

Pero en cuanto a la situación interna del PSOE, el acuerdo es un despelote más tanto en el fondo como en las formas. La propia gestora socialista ha dejado claro que ha encarado el acuerdo como un hecho consumado, simplemente se ha enterado por la prensa. Y surgen diversas presunciones acerca de la razón por la que el PSE ha hecho las cosas sin consultar a la dirección del PSOE. ¿Se trata simplemente de otra muestra de desobediencia de los partidarios de Pedro Sánchez en el PSE? ¿O es que el acuerdo contenía asuntos picantes que no convenía que fueran estudiados por la gestora, ante la eventualidad de que rechazara el pacto o lo trasladara al Comité Federal?

Efectivamente, el acuerdo contenía asuntos controvertidos. En el capítulo titulado “Más y mejor Autogobierno”, el PSE se compromete a abrir un debate en el Parlamento Vasco sobre algunos puntos delicados, como: “Reconocimiento de Euskadi como nación” o el “Reconocimiento del derecho a decidir del Pueblo Vasco y su ejercicio pactado en un marco de negociación y acuerdo dentro del ordenamiento jurídico vigente en cada momento” (Pag. 69). Comprometerse a debatir el derecho a decidir del Pueblo Vasco sobre su propia Comunidad, más allá de cómo se vehiculice en la práctica, es un concepto que fractura per se la soberanía popular del pueblo español. No hay donde perderse. O la soberanía pertenece a los habitantes de una determinada comunidad o pertenece al conjunto de los españoles. El derecho a decidir es del conjunto del pueblo español sobre cualquier parte del territorio. No cabe la soberanía troceada.

Los socialistas tratan de insinuar que lo acordado en Euskadi sobre este asunto está dentro de los límites de su Acuerdo de Granada, que la gestora ha señalado como el marco político del PSOE en cuestiones territoriales. Lamentablemente, la lectura del documento de Granada muestra que eso no es cierto. Más bien todo lo contrario. En Granada los socialistas identificaban la reforma de la Constitución como única vía para acomodar mejor las particularidades de cada comunidad al conjunto de España (Pags. 6-8). En ningún caso se entendía la posibilidad de aceptar el derecho a decidir por parte de los habitantes de una comunidad determinada. Más bien, los socialistas salieron de Granada convencidos de que el derecho a decidir parcializado de una comunidad, era una línea roja que el PSOE establecía como límite ante cualquier pacto en las comunidades históricas. Así que no hay dudas, comprometerse a facilitar el debate sobre el derecho a decidir en Euskadi opera directamente en sentido opuesto de lo acordado en Granada.

Claro, la dirección del PSE calculaba bien acerca del riesgo que tenía consultar primero con la gestora de Ferraz el acuerdo con el PNV. Por eso no se lo comunicó.
Ahora bien, la razón de fondo por la que el PSE actúa de esta forma no es muy diferente de la que impulsa Miquel Izeta en el PS catalán: están pensando desesperadamente en cómo asegurar su supervivencia. Tienen la conciencia de que la crisis del PSOE va para largo y no quieren ser los primeros en sucumbir. Su actuación unilateral responde simplemente a la máxima imperante en medio de un desastre inevitable: ¡Sálvese quien pueda!

Pero eso agrava la crisis interna –y externa- del PSOE. Si enfrenta la situación y deja claro que no comparte la decisión de favorecer el debate sobre el derecho unilateral a decidir, coloca al PSE en solitario y a la intemperie. La otra opción, menos decente, consiste en difuminar todo el asunto, disimular el fondo de la cuestión, y dejar a los otros dos partidos constitucionalistas, PP y Ciudadanos, todo el gasto político de defender la soberanía popular en el País Vasco. Veremos hasta donde llega la decencia política del conjunto del PSOE.