Barcelona, ¿la nueva Ámsterdam?

En Cataluña se viene produciendo, desde los últimos tiempos, un proceso que tiene como fin la regularización de los clubes de cannabis. El próximo jueves se dará un paso más en esta dirección; con la intervención en el Parlament de los últimos expertos en la materia, que pondrá fin a la fase de expositiva y dará paso al debate interno, la presentación de las enmiendas por parte de los grupos políticos y la configuración de la versión definitiva del texto.

El pasado 27 de julio, el Parlament votó a favor de tramitar una proposición para regular las asociaciones cannábicas; contando con el apoyo de todos los grupos excepto el PP. La proposición llegó al pleno gracias a la iniciativa legislativa popular “La Rosa Verda” , que consiguió el apoyo de 54.000 firmas.

La iniciativa tiene como objetivo establecer un modelo concreto de actividad para las asociaciones de consumidores de cannabis y unas normas para su constitución, organización y funcionamiento. El principal fin de este proyecto es aportar una solución a la inseguridad jurídica que sufren las asociaciones cannábicas; en él se establece un marco de regulación que incluye una normativa para el cultivo y un control sobre la distribución y el transporte de cannabis, así como otras medidas relativas a la higiene y el control sanitario.

El Partido Popular ya intentó en su momento tumbar la iniciativa con una enmienda a la totalidad de la proposición, que finalmente fue rechazada por el resto de grupos parlamentarios.

No solo en Cataluña se dan pasos en este sentido, la pasada semana la Concejalía de Urbanismo del ayuntamiento de Alicante ha presentado el primer borrador de la ordenanza reguladora de clubes de fumadores de cannabis en la ciudad, documento que ya mostró a las asociaciones del sector.

La legislación española respecto al cannabis

La única plasmación en la legislación penal que tiene la tenencia y distribución de cannabis se encuentra en el artículo 368 del Código Penal, que expone lo siguiente: “los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga”. Es decir, la legislación española prohíbe la venta de cannabis pero no su consumo.

No podemos hablar en términos estrictos, puesto que en esta materia el arbitrio judicial juega un papel importante. Sin embargo, a grandes rasgos, se pude afirmar que la venta de semillas y también el cultivo y consumo personal de marihuana en lugares privados es legal.

Incluso el cultivo a pequeña escala, con fines de autoconsumo, no suele considerarse delictivo. Solamente si hay indicios de que su plantación tiene algún fin comercial, pueden dar problemas de cara a la Ley. La clave radica aquí en la posibilidad de demostrar ante los tribunales que se trata de autoconsumo, lo cual no deja de ser en cierto modo, algo subjetivo.

La reciente Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, endureció las sanciones relacionadas con la posesión y el consumo de cannabis en la vía pública. Así, quedó eliminada la posibilidad de sustituir las multas por un tratamiento de desintoxicación y el castigo por la plantación y el cultivo de drogas pasó a ser sancionable con una multa de entre 1.000 y 30.000 euros.

La legislación, además, no valora el uso individual que se le da a la marihuana; no distingue cuando se utiliza para fines terapéuticos o recreativos. Si bien, es cierto que la jurisprudencia más reciente comienza a realizar esta distinción, afectando a la sentencia o al volumen de la sanción impuesta.

Aunque la posesión y consumo en lugares públicos sigue estando prohibida, la flexibilidad legal de la que hablamos, ha permitido la aparición de ciertas conductas que se encuentran en un ámbito de “alegalidad”. Es en este contexto en el que se produce la proliferación de los clubes sociales de cannabis.

La posición del Tribunal Supremo

El TS considera que la estructura y funcionamiento de algunas de estas asociaciones desborda la filosofía del autoconsumo. Se entiende, por tanto, que el autoconsumo (ya sea individual o en grupo) no constituye una actividad delictiva, pero sí toda actividad que lo promueva.

Habría que atender al caso concreto. La jurisprudencia ha aportado una serie de parámetros para que este “autoconsumo compartido” sea legal:

Debe estar constituida por usuarios habituales de marihuana, que el consumo se produzca en un lugar cerrado para “evitar la promoción pública del consumo y la difusión de la sustancia a quienes no forman parte de los inicialmente agrupados”, que se maneje cantidad “reducida o insignificante y adecuada para su consumo en una sola sesión o encuentro”, y que se trate de un consumo inmediato. Tampoco se permite almacenamiento masivo de marihuana en el centro.

En relación con el grupo, este debe ser reducido, para que pueda considerarse que se trata de un “acto íntimo sin trascendencia pública”. Así mismo, las personas asociadas deben ser identificables y determinadas, y que el club no esté abierto a un número indiscriminado de socios.

El turismo cannábico en el horizonte

La aprobación de una legislativa así podría tener un impacto notable en la economía catalana, trastocada por la crisis. El gran atractivo turístico y una aceptación cultural generalizada del cannabis, apunta directamente hacia una nueva era de liberalización en Cataluña.

El cannabis legal es un negocio en auge, en el que existen foros de inversión, como The Arcview Group. Según un estudio de mercado elaborado por dicho foro, el volumen de negocio legal tanto de la marihuana medicinal como recreativa en Europa sobrepasa los 10.000 millones de euros.

Del 6 al 12 de marzo del próximo año Barcelona acogerá el The Arcview Group Europa, foro de inversores más importante del mundo del sector del cannabis legal. Por primera vez se celebrará fuera de Estados Unidos, trasladándose de Las Vegas a España.

Recordemos que en Estados Unidos, al mismo tiempo que se votaba a Donald Trump como presidente se decidía también, y salía victoriosa, la legalización recreativa del cannabis en California, Maine, Massachusets y Nevada; y la medicinal en Arkansas, Florida, Montana y Dakota del Norte.

La posición de los principales partidos políticos

El PP no hace ninguna mención expresa sobre la materia en su programa, pero en base a las medidas practicadas podemos decir que el Gobierno apuesta por políticas prohibicionistas y represivas del consumo del cannabis.

El PSOE no deja clara su posición, sino que defiende el debate sobre el consumo y la búsqueda de un consenso internacional en este campo.

Podemos aboga por la despenalización del cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo, así como la regularización de la actividad de los clubes sociales de cannabis. Para ello, han propuesto “convocar una mesa de trabajo sectorial encargada de presentar una propuesta que garantice las libertades y derechos fundamentales de los consumidores y que contemple la regulación de la producción, distribución y consumo de cannabis”.

Ciudadanos considera que el cannabis, como todas las drogas, es perjudicial. Sin embargo, por razones de salud pública, apoyarán “la adopción de medidas legislativas encaminadas a la despenalización y regulación por parte del estado de la producción y distribución del cannabis y sus derivados, tanto para su consumo particular como para su uso terapéutico”. También establecen “como medidas paralelas necesarias e imprescindibles para su regulación social” la promoción de programas de información y concienciación de las consecuencias nocivas para la salud derivadas de su consumo. Contradictoriamente, también afirman que “perseguirán severamente el tráfico y distribución ilegal de dicha sustancia”.