Desde hace tiempo el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, asegura que la ciudadanía española puede estar tranquila porque el referéndum que plantean los independentistas en Cataluña para el primero de octubre nunca se celebrará. Cada vez que repite esa afirmación la mayoría imaginamos que eso quiere decir que nunca llegarán a ponerse las urnas y que, por tanto, nadie podrá votar en ese referéndum ilegal. Sin embargo, el aserto de Rajoy es polisémico, tiene más de un significado. Veamos.
En primer lugar, el presidente de gobierno utiliza esa frase en términos de disuasión; es decir, dando una advertencia al actual gobierno de la Generalitat acerca de los riesgos que enfrenta si sigue adelante con la idea de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Trata así de que los sectores independentistas moderados se lo piensen dos veces. Y de hecho la estrategia disuasoria se ha mostrado parcialmente exitosa: diversos representantes de la Generalitat han mostrado –unos internamente y otros en público- sus dudas acerca del camino separatista. Pero no contaban con la obcecación de los más comprometidos –comenzando por Puigdemont- que han respondido practicando sucesivas purgas de los catalanistas moderados en su propio equipo de gobierno.
Así las cosas, la pregunta es si recurrir al Tribunal Constitucional para declarar nulos los actos y decisiones para preparar el referéndum será suficiente para evitarlo. La respuesta ya la han dado varios altos cargos de la Generalitat: el Tribunal Constitucional no va a detener el proceso; algo que no es incompatible para los independentistas con incoar suplicatorios ante el alto tribunal, que además tienen el rédito político de mostrar hasta que punto están dispuestos a agotar las vías legales.
En este contexto, se elevaron voces (algunas socialistas, como Alfonso Guerra) planteando que ya es necesario utilizar el artículo 155 de la Constitución que permite deponer cualquier gobierno autonómico que “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España…” Pero Rajoy ha sido claro al respecto: no hay que hablar de medidas extremas que impliquen algún uso de la fuerza, por más proporcionada que esta sea.
Ahora bien, si resulta que las resoluciones del Constitucional no van a detener por sí mismas la realización práctica del referéndum, aunque no se quiera aplicar el artículo 155, deberán ser las fuerzas de seguridad quienes tendrán la obligación de hacer cumplir esas resoluciones. De una forma u otra, eso coloca las cosas en otro plano: el de hacer uso de la fuerza legítima para hacer cumplir la ley. Y a ese respecto ya se han dado algunas maniobras tácticas importantes. De parte de la Generalitat se ha producido el cambo del jefe de los mossos d´Esquadra, por alguien, Pere Soler, capaz de afirmar que “los mossos garantizarán la votación del referéndum con toda normalidad”. Es cierto que las afirmaciones aventuradas de Soler han tenido respuesta inmediata desde los sindicatos internos de esa fuerza autonómica, pero eso no evita que el nuevo director esté trabajando día y noche para alinear a los mossos con el proyecto separatista. Pero desde otros guardianes de la ley también ha habido movimientos significativos: la Guardia Civil ha mostrado que la Generalitat no es un espacio inexpugnable cuando se trata de perseguir infractores, aunque en esta ocasión hayan sido los acusados de corrupción.
Ante las complicaciones que pueda tener el uso de las fuerzas de policía y seguridad, a Rajoy le queda otra opción, la de patear la bola hacia adelante. Si no consigue evitar que la Generalitat ponga las urnas y haya un segmento de la población que las utilice, entonces todavía puede deslegitimar su resultado. El primero de octubre no habría ningún referéndum sino simplemente un ejercicio de activación ciudadana sin valor jurídico alguno. Una actuación así permitiría prolongar la lucha política a la espera de un escenario más favorable, sobre todo de cara a la celebración de unas elecciones autonómicas. Incluso podría tener partidarios entre los seguidores de En Comu Podem, que ya han advertido que son partidarios de la movilización del primero de octubre, pero sin darle rango de referéndum a la votación de ese día.
El problema para Rajoy es que si acude a esa versión “astuta” de su afirmación rotunda de que no habrá referéndum el primero de octubre, se expone a que aumenten las críticas por la derecha y el centro sobre su incapacidad de controlar la situación en Cataluña. Se habrá demostrado que su estrategia disuasiva no entregó resultados y que su otra maniobra consistente en dejar que los otros avancen para contraatacar en mejores condiciones se parece todavía más al inmovilismo de que se le acusa. De lo que no hay duda es que Rajoy se la juega en este partido y que imitar las tácticas de Mouriño en el futbol presenta altos riesgos y tampoco le garantiza buenos resultados.
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