El Gobierno interviene las cuentas de la Generalitat para evitar que financie el referéndum

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dado un plazo de 48h al Govern de la Generalitat para declarar un acuerdo de no disponibilidad de su Presupuesto, según el cual el Estado asumirá los gastos de servicios esenciales. De no hacerlo, sería el propio Gobierno central el que activara el mecanismo aprobado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para gestionar directamente los cerca de 1.400 millones de euros mensuales de financiación autonómica que recibe Cataluña, dejando así en las arcas de la Generalitat la disposición de sólo unos 250 millones de ingresos propios.

De esta manera, el Estado pagaría a todos los proveedores de la Generalitat incluyendo, las nóminas de los funcionarios, los pagos a la dependencia, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Montoro aseguró que con la garantía del Estado "todo el mundo va a cobrar en plazo". Además, el Gobierno ha decretado que todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat tengan que llevar el visto bueno del Consejo de Ministros, incluyendo así a las operaciones a corto plazo que hasta ahora quedaban exentas del control.

"No estamos sustituyendo competencias, y sí garantizando que ningún pago va a actividades ilegales o que no sean compatibles con los objetivos de estabilidad presupuestaria", justificó Montoro argumentando la falta de confianza en las autoridades catalanas. Asimismo, el ministro de Hacienda avanzó que acudirá la semana próxima al Congreso de los Diputados para explicar esta medida excepcional.

El Gobierno ha implementado este mecanismo en base a la disposición adicional primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establece las condiciones de control para acceder a los mecanismos adicionales de financiación por parte de las Comunidades Autónomas después de que el propio vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, informara al ejecutivo por carta de su intención de no cumplir con su obligación de remitir informes semanales de gastos del FLA. Precisamente esta misiva ha sido remitida a la Fiscalía con la decisión de la interventora de la Generalitat de acatar la orden de su vicepresidente para no informar de los gastos del Ejecutivo que preside Carles Puigdemont.