Las disculpas a medias del Gobierno por los excesos policiales el 1-O le acarrean más problemas

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, apoyó ayer la actuación policial durante el 1-O, aunque añadió que ante determinados casos concretos y, a la vista de las imágenes de personas que habían recibido golpes y empujones, solo podía "pedir disculpas".

En una entrevista en TV3, Millo defendió el desempleo de la Policía Nacional y la Guardia Civil que, según dijo, "hicieron su trabajo de la mejor manera que pudieron en una situación muy tensa". Después responsabilizó al Govern de incentivar el voto pese a que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal para consulta.

"De los 2,3 millones de personas que votaron en el referéndum solo una está hospitalizada", algo que, según señaló, "se habría evitado solo con que el presidente de la Generalitat hubiese pedido no ocupar los colegios".

Posteriormente, preguntado por las disculpas de Millo, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que "lo haya dicho bien está".

Los sindicatos policiales han pedido el cese de Millo, por haberse disculpado por la actuación policial durante el referéndum, al tiempo que le recordaron que esa intervención fue ajustada a derecho. Los periódicos también recogen que miles de policías y guardias civiles de toda España reivindicaron ayer en Madrid la equiparación salarial de los agentes de ambos cuerpos con las policías autonómicas, con las que se sienten discriminadas al cobrar 600 euros de media menos que ellos.

Por otra parte, los periódicos recogen que el juez Francisco Millares, del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona, investiga por delitos de lesiones la intervención de la Policía Nacional en 23 centros de votación de Barcelona el 1-O, donde resultaron heridas unas 130 personas. "La práctica mayoría presenta lesiones leves y básicamente hematomas y erosiones, si bien en al menos dos casos existen lesiones graves", señaló el auto del juez, que actúa por una denuncia de la Generalitat.

Los diarios también informan de que un juez de Barcelona ha rectificado el criterio de la Fiscalía e investigará la "proporcionalidad" de la actuación de las unidades antidisturbios del a Policía Nacional y la Guardia Civil durante las cargas que llevaron en cabo en colegios electorales para frenar el referéndum ilegal.