La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela emitió a última hora del viernes, a petición de la Fiscalía, sendas órdenes europeas de detención y entrega y órdenes de búsqueda y captura nacional e internacional contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxel Serret, dirigidas expresamente a las autoridades judiciales de Bélgica, país en el que se encuentran todos ellos, que no se presentaron a la citación en la Audiencia Nacional.
La juez solicita el ingreso en prisión de los cinco, a quienes acusa de los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia. En su auto, la magistrada señala que "promovieron y utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población, llamando a la insurrección, contraviniendo y desafiando con ello el ordenamiento judicial español". Lamela considera que Puigdemont "planificó, organizó y financió con fondos públicos" la convocatoria y celebración del referéndum del 1-O, que costó 6,2 millones de euros, y que "lideró la movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en apoyo del referéndum ilegal". Además le acusa de alentar un movimiento de "insurrección activa" y de abonar en la población la idea de la existencia del derecho de autodeterminación para Cataluña.
La Fiscalía federal belga confirmó haber recibido las órdenes de detención y entrega y que procederá a su traducción y su estudio, para transferirlas después a un juez de instrucción, trámites que podrían ser completados este sábado "o más adelante", según un portavoz de la Fiscalía.
El ministro de Justicia de Bélgica, Koen Geens, aclaró que el procedimiento abierto contra Puigdemont es "completamente judicial" y que el Gobierno "no tiene ningún rol".
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