Los responsables de la investigación sobre el asesinato de Diana Quer aprovecharon la comparecencia ante la prensa de ayer para reclamar menos trabas legales a la hora de investigar ciertos crímenes. Entre otras, pidió prolongar el tiempo de acceso a los datos de los teléfonos móviles -una de las claves para resolver el caso de Quer- y que las compañías conserven dichos datos y advirtió de que si la UE restringe la normativa quedarán muchos casos sin resolver.
Asimismo cuestionó los cambios legales introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015, que han recortado el tiempo de la investigación judicial. De hecho, según explicó, Abuín era el principal sospechoso del secuestro de Diana desde noviembre de 2016 y un año después ya no tenían "ninguna duda" de ello, pero el caso fue archivado antes de que se pudieran concretar pruebas contra él, ya que todo eran indicios. Con la causa sobreseída, las investigaciones fueron más difíciles.
Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia de la Coruña, Francisco Javier Jambrino, criticó el papel de los medios de comunicación y el tratamiento mediático del caso, así como algunas filtraciones que condicionaron algunas actuaciones policiales y precipitaron la detención de el Chicle.
Por otro lado, según destaca EL PERIÓDICO, el caso de Diana Quer "aviva el debate de la violencia machista" y habla de movilizaciones para exigir que las agresiones fuera de la pareja sean consideradas violencia de género. La presidenta del Observatorio del Poder Judicial contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, consideró ayer que Diana "es la primera víctima de violencia de género de 2018".
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