El Supremo no permite a Junqueras salir de prisión porque no renuncia a buscar la independencia de Cataluña

Estos jueces consideraron que existen indicios de la comisión de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, además de un riesgo relevante de reiteración delictiva, aunque no hablan de riesgo de fuga pese al precedente de Carles Puigdemont, huido a Bélgica para no dar la cara ante la Justicia española.

El auto judicial deja claro que Junqueras no es ningún preso politico ni que está en la cárcel por sus ideas, ya que "la Constitución admite la defensa de cualquier posición política". El problema no radica pues en que defienda la independencia de una parte del territorio nacional, sino que se han cometido presuntamente varios delitos sobre los que será juzgado: rebelión, sedición y malversación. De hecho, el auto reza explícitamente que "no puede hablarse de presos políticos".

Consideran estos magistrados que el líder de ERC no se limitó a tener ideas independentistas, por la cuales no es juzgado, sino por haber participado como vicepresidente del Govern de la Generalitat "en un plan de declaración unilateral de independencia en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional". Además, considera que se ha "alzado" contra el Estado, la Constitución, el Estatut catalán y el resto del ordenamiento jurídico.

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva, la Sala señala que la apuesta por el diálogo de la que Junqueras habla en su recurso “solamente se ha pretendido o planteado (…) como referido exclusivamente a la forma en la que el Estado español pudiera prestarse a reconocer la independencia de Cataluña”, lo que conduciría nuevamente a las vías de hecho. "El ofrecimiento de esa clase de diálogo o la invocación de la bilateralidad en esas condiciones, pues, no puede valorarse como un indicio de abandono del enfrentamiento con el Estado mediante vías de hecho con la finalidad de obligar a aquel a reconocer la independencia de Cataluña", indica el auto.

Junqueras, misión imposible

La Fiscalía se opuso a la puesta en libertad de Junqueras al valorar que existía riesgo de reiteración delictiva y que los indicios de delitos como rebelión por parte del líder de ERC eran sólidos. Además, señaló que el derecho a la representación política no se ha visto afectado hasta ahora por la prisión dado que, de hecho, ha sido elegido en las elecciones del 21-D como diputado regional.

Junqueras había pedido al Supremo el fin de su prisión preventiva para poder actuar en representación del millón de votos recibidos en las elecciones del 21 de diciembre. Alegó ante los magistrados que es un "hombre de paz" con convicciones religiosas y que busca el "diálogo bilateral", la "negociación" y el "acuerdo político".