La cuenta atrás para la investidura no ha comenzado, según los letrados del Parlament

El Tribunal Constitucional aún no ha resuelto el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la investidura de Carles Puigdemont. Sin embargo, sí fijó como medida cautelar que su investidura debía ser presencial y con autorización del Tribunal Supremo, que instruye la causa del 'procés'. Dado que fue el Constitucional quien tomó esa decisión, "el aplazamiento de la convocatoria de la sesión plenaria de investidura por el presidente del Parlamento no se produce como consecuencia de una voluntad deliberada sino de la decisión de un órgano externo al Parlamento".

El reloj que fija una cuenta atrás de 2 meses para repetir elecciones en Cataluña seguirá parado hasta que el Constitucional se pronuncie sobre la investidura de Puigdemont. En ese momento, el presidente del Parlament, Roger Torrent podría activar esa cuenta atrás "en un periodo razonable", ya que de no hacerlo, el resto de grupos parlamentarios podrían forzar la convocatoria electoral.

Los letrados del Parlament entienden que no hubo investidura fallida, por lo que no se puede activar la cuenta atrás para la repetición electoral. Este informe, otorga tiempo al bloque independentista para tratar de negociar un candidato a la investidura, y es que suenan como sustitutos de Puigdemont su 'mano derecha' en Junts per Catalunya, Elsa Artadi, pero también el de la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Hasta ahora, los partidos independentistas han querido cerrar filas en torno a la candidatura de Puigdemont, aunque de forma pública se han escenificado diferencias en torno a la hoja de ruta, y es que tanto ERC como la CUP consideran que lo importante es el proyecto soberanista y no tanto el candidato a president, mientras que desde Junts per Catalunya insisten en que el único candidato es Puigdemont.

El informe de los letrados del Parlament también señala que Torrent podría iniciar una nueva ronda de contactos o convocar un Pleno en el que se constate ese bloqueo institucional. Esta resolución ha puesto de manifiesto la discrepancia entre los letrados, y es que el informe va firmado por el secretario general, Xavier Muro, pero no por el letrado mayor, Antoni Bayona.