El Gobierno no impugnará la resolución del Parlament que legitimó a Puigdemont ni actuará contra su 'delegación' en Jordi Sánchez

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno no se plantea actuar contra la hoja de ruta avanzada por el ex president Carles Puigdemont tras su anuncio de dar un paso atrás en la investidura en favor de Jordi Sánchez. Son sólo "declaraciones políticas", sostuvo Catalá quien rechazó que generara una violación del marco normativo susceptible de impugnación.

Además, Catalá ha desestimado la actuación judicial frente a las resoluciones aprobadas en el Parlament para legitimar al ex president Carles Puigdemont, reafirmar el 1-O y rechazar la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

"La Abogacía no ha hecho un informe apreciando que tenga algún rasgo de ilegalidad", explicó. "Hasta donde yo sé no tiene esas características [violación del marco jurídico o efectos a terceros] en estos momentos", añadió para rechazar la presentación de un nuevo recurso al Tribunal Constitucional.

Sánchez como candidato

En cuanto a la posibilidad de que Moncloa intente frenar la candidatura de Jordi Sánchez a la investidura de Cataluña, Catalá delegó la decisión final en los tribunales.

La designación del candidato "le corresponde al Parlament, a sus estructuras y el Gobierno no tiene nada que decir en ese sentido", aseguró Catalá. A renglón seguido, el titular de Justicia especificó que si el candidato tiene un problema jurídico, la decisión y quien tiene capacidad de autorizar que acuda a la sesión de investidura corresponde al juez instructor. "Estaremos atentos a lo que decida el juez y seremos respetuosos", añadió.

Eso sí, Catalá insistió en que el candidato a presidir la Generalitat no sólo tiene que "participar en la investidura sino ejercer sus obligaciones al frente". "Parece un poco sorprendente, no sé ya si fuera del Derecho, pero sí fuera del sentido común…", valoró sobre la posibilidad de que Jordi Sánchez pudiera ser el relevo de Puigdemont por encontrarse actualmente en prisión preventiva.

"La Fiscalía estará atenta a las decisiones y procederíamos a actuar en consecuencia", concluyó tras puntualizar que, en cualquier caso, el candidato en cuestión deberá cumplir con las apreciaciones ya expresadas por el Tribunal Constitucional, esto es, la obligatoriedad de estar presente físicamente en el Parlament sin que fuesen válidas las fórmulas delegadas o telemáticas de presentación en el debate de investidura.

Estructuras de un gobierno paralelo

Por su parte, el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha rechazado de plano la posibilidad de que puedan configurarse instituciones del ejecutivo catalán paralelas en Bruselas, como pudiera ser el pretendido Consejo de la República.

"La creación de estructuras paralelas es simplemente imposible", sostuvo para recordar que las instituciones sólo pueden ser creadas en base a lo establecido en la Constitución y los Estatutos de autonomía. Es una "fantasmagoría", añadió para aclarar que en todo caso "no tendrá ninguna efectividad ni habrá un solo euro del erario público" para sufragar esos órganos.