Prisión permanente revisable: de las acusaciones de electoralismo a hablar de referéndum

El Congreso debatirá este jueves una iniciativa del PNV para impulsar la derogación de la prisión permanente revisable, vigente desde el 2015, en medio de un debate impregnado de una noticia que ha marcado a España: el asesinato del niño Gabriel.

El asunto de la derogación de la prisión permanente revisable no ha llegado en buen momento para la izquierda. Si bien la iniciativa que llega el jueves a la cámara baja viene de lejos, este dramático suceso ha calado hondo y está marcando la agenda política.

El PP aprobó la inclusión de la prisión permanente revisable en el Código Penal gracias a la mayoría absoluta con la que contaba en la legislatura anterior. No obstante, el PSOE promovió un recurso al Tribunal Constitucional al que se sumaron CiU, Izquierda Plural, Nueva Canarias, PNV, BNG, Compromís y UPyD.

El pasado mes de octubre el PNV logró que el Congreso tomara en consideración su iniciativa para derogar la medida, pero no fue hasta el 27 de febrero cuando se desbloqueó realmente el procedimiento para continuar con su proceso parlamentario. Un 27 de febrero en que desapareció el niño almeriense.
Este desbloqueo se debió al cambio de estrategia de Ciudadanos que dejó de bloquear con prórrogas el trabajo de la Mesa del Congreso (también dio curso a la derogación de la ley Mordaza).

A partir de aquí, PP y Ciudadanos han presentado dos enmiendas a la totalidad -que también serán debatidas este jueves- para endurecer aún más la prisión permanente revisable.

PP pretende que se pueda castigar con esta pena máxima otros delitos como: asesinato cuando se impida u obstruya la recuperación del cadáver a los familiares, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle y muertes en incendios, estragos (destrucción de grandes infraestructuras) o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

Ciudadanos por su parte, reclama un endurecimiento de las penas y limitar los permisos o el acceso al tercer grado, al tiempo que esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la prisión permanente revisable.

PSOE: entre Robles y Page

Es este cambio de actitud por parte de Ciudadanos el que ha denunciado el PSOE. Su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, ha insistido en que no han sido los socialistas los que han reactivado este debate, dando a entender que preferían posponer el debate político a que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el fondo del asunto.

Robles acusó a Rivera de moverse en este terreno bajo el mero "cálculo electoral" por pasar del bloqueo parlamentario a la solicitud de un endurecimiento del Código Penal y le criticó por aprovecharse "del dolor de las víctimas" por el momento escogido para presentar sus iniciativas.

Si bien la postura de Ferraz sigue siendo la misma, también se han dejado escuchar matices de barones al respecto. Es el caso del presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, quien defendió este mismo martes que el sistema judicial español vaya “al límite” de lo que permite la Constitución en aquellos delitos “que tienen especial alcance social”, de manera que la sociedad pueda protegerse puesto que “no todos los delitos son igualmente graves”, ha considerado. Es decir, defendería la medida si el TC aprobara su legalidad.

Podemos: ¿por qué no un referéndum?

Por otro lado, Unidos Podemos mantiene firme su postura en contra de la prisión permanente revisable porque no consideran que esta sea realmente una herramienta útil para evitar estos crímenes.

No obstante, su portavoz en el Congreso, Irene Montero, ha dejado sobre la mesa, sin proponérsela directamente al Gobierno, la idea de una futura consulta sobre el tema.

El padre de Diana Quer fue quien pidió a esta formación que consultara a sus bases sobre su apoyo a la derogación de la medida, a lo que Montero habría respondido que su partido llevaba esta cuestión en su programa electoral -elaborado de forma participativa- y que si lo que se pretende es conocer la opinión de la ciudadanía sobre un grave asunto de trascendencia nacional como puede ser este, lo que debe sugerirse es la celebración de un referéndum. Una consulta sobre la que Podemos estaría de acuerdo, de la misma forma que defiende esta herramienta para preguntar sobre otros asuntos trascendentes.

Parte del trabajo de portavoz es aclarar cuando toca. Ni proponemos ni sugerimos un referéndum sobre la PPR: medida no eficaz ni compatible con los DDHH. Lo que hoy he dicho es que quienes deseen saber la opinión de los españoles no pidan consultas a partidos sino al Gobierno

— Irene Montero (@Irene_Montero_) 13 de marzo de 2018