El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena ha decretado prisión provisional sin fianza para los 6 investigados en el 'procés' que había sido citados este viernes. Dado que Marta Rovira no se ha presentado y se ha fugado a Suiza, son Jordi Turull, Räul Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Carme Forcadell quienes han sido enviados a la cárcel. Llarena atiende así a la petición de la Fiscalía al apreciar riesgo de reiteración delictiva y de fuga. La huida de Rovira ha sido interpretada como un aumento del riesgo de fuga del resto de procesados.
El plantón de Marta Rovira, que ha huido a Suiza, podría haber complicado la situación judicial de los ex consellers que sí acudieron a su cita: Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa. La Fiscalía reclamaba prisión provisional al apreciar riesgo de fuga y de reiteración delictiva. La fuga de Rovira ha sido un argumento en contra de los otros 5 citados ya que consideran que se incrementa así ese riesgo de fuga para eludir la prisión.
Mientras Forcadell y Bassa han sido enviadas a la prisión de Alcalá Meco, los ex consellers Turull, Romeva y Rull deben ingresar en la prisión de Estremera, donde se encuentran también Junqueras y Forn.
El juez Llarena se muestra conforme con la petición de la Fiscalía y las acusaciones populares para agravar las medidas cautelares sobre los investigados, y defiende que existe "un grave riesgo de fuga de la grave punición a la que se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión", así como de reiteración delictiva.
Llarena alude a la doctrina constitucional (STC 128/1995, de 26 de junio; 47/2000, de 17 de febrero o 23/2002, de 28 de enero), que contempla que "la relevancia de la gravedad del delito y de la pena para la evaluación de los riesgos de fuga, resulta innegable, tanto por el hecho de que a mayor gravedad del delito más intensa cabe presumir la tentación de la huida, cuanto por el hecho de que a mayor relevancia de la acción cuya falta de enjuiciamiento se teme, mayor será el perjuicio que, en el caso de materializarse la fuga, sufrirían los fines perseguidos por la justicia. Una realidad que hoy se materializa respecto de una de las procesadas, que no ha atendido la citación de este Tribunal". Llarena confirma que la fuga de Rovira materializa "el riesgo de fuga" del resto de procesados.
El juez entiende que los procesados que han acudido a su comparecencia, expresando "el posicionamiento contrario que trata de conjurarse", pero reitera que el riesgo de fuga permanece ante la imposibilidad de saber "cuál pueda ser la voluntad interna de los procesados".
Llarena argumenta que el riesgo de fuga de los procesados se potencia por otros dos factores. En primer lugar, señala que "la investigación ha reflejado su clara insurrección a las decisiones de la autoridad judicial, las cuales han desatendido de manera contumaz y sistemática durante los últimos años". A renglón seguido, alega "el convencimiento de los procesados de que existían razones que les proporcionaban legitimación para enfrentarse a ese acatamiento de las decisiones judiciales. Y puesto que esos argumentos son los mismos que les llevan a entender que no han perpetrado delito alguno, como han manifestado en la mañana de hoy, puede concluirse que no se aprecia en su esfera psicológica interna un elemento potente que permita apreciar que el respeto a las decisiones de este instructor vaya a ser permanente".
Jordi Turull podrá delegar su voto pero no asistir al Pleno
El magistrado deja claro que Jordi Turull no podrá asistir al pleno de investidura de este sábado, pero le permite delegar su voto, como hizo con Junqueras y Sànchez.
"Como indicaron las resoluciones anteriormente referidas, la evaluación de cuál es el contenido material del derecho a acceder a las funciones y cargos públicos, concreta que el derecho no se agota con el acceso, sino que se extiende y amplía hasta abarcar el ejercicio de la función representativa", señala el juez.
Llarena recuerda que "aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva, no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección".
Sobre Bassa y Forcadell: 'la renuncia al acta no elimina el riesgo de reiteración'
El magistrado del Supremo considera que existe riesgo de reiteración delictiva, aunque tanto Bassa como Forcadell han renunciado a sus actas de diputada. "Todos ellos han compartido la determinación de alcanzar la independencia de una parte del territorio nacional. Y no puede eludirse que la aspiración, en sí misma legítima, se ha pretendido satisfacer mediante instrumentos de actuación que quebrantan las normas prohibitivas penales y con apoyo de un movimiento social, administrativo y político de gran extensión".
"La renuncia al acta de diputado, ni despeja la posibilidad de que persista la determinación para impulsar los objetivos sin respeto a las normas pernales, ni excluye que los procesados puedan realizar aportaciones a esa intención desde colaboraciones muy diversas y todas ellas diferentes de la actividad parlamentaria", concluye.
El juez insiste en el respaldo colectivo y organizado a las aspiraciones independentistas. "Más allá de las personas que han sido encausadas, la investigación demuestra que fueron muchos los sujetos que se concertaron para quebrantar el orden constitucional y penal".
Llarena recuerda que los procesados habían mostrado su voluntad de retomar "la actuación ilícita tan pronto como se recuperaran las instituciones autonómicas que hubieran sido intervenidas, por lo que puede concluirse que el riesgo de reiteración existe pese a la renuncia al acta de diputado".
Los líderes del 'procés', acusados de rebelión
Estas medidas cautelares llegan después de la 'vistilla' en la que el juez ha procesado por delito de rebelión a los 13 líderes del 'procés': el ex president Carles Puigdemont, el ex vicepresident Oriol Junqueras, siete ex consellers: Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
Los otros 5 ex consellers del Govern catalán cuando sucedieron los hechos -Meritxell Borràs, Lluis Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret- han sido procesados por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia. A Puigdemont, Junqueras y los siete ex consellers procesados por delito de rebelión también les procesa por malversación.
Llarena también procesa por el delito de desobediencia a cinco ex miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya -Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet-, así como a Mireia Boya, ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP; y a Anna Gabriel, ex portavoz del mismo grupo.
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