Juicio del 'caso Alsasua': Amnistía Internacional pide a la Audiencia Nacional "retirar los cargos de terrorismo"

Comienza en la Audiencia Nacional el juicio del 'caso Alsasua' por la agresión a dos Guardias Civiles y sus parejas, en el que 8 personas han sido procesadas y acusadas de delitos de amenazas y lesiones terroristas, por los que la Fiscalía pide en conjunto penas de más de 370 años de cárcel. Este sábado, en Pamplona tuvo lugar una multitudinaria protesta para reclamar "justicia" y pedir que se retiren los cargos por terrorismo, como también solicita Amnistía Internacional, que asistirá como observadora a las diferentes sesiones del juicio, que durará hasta el próximo 27 de abril.

La organización solicita que dicha investigación se desarrolle en el marco de un procedimiento penal ordinario. "Este caso es un ejemplo de cómo España está aplicando una legislación que ha ampliado de forma desproporcionada los tipos de terrorismo, alejándose de los requisitos de claridad y precisión exigidos por el Derecho penal y por diversos relatores de Naciones Unidas", asegura el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

"Por supuesto que las agresiones denunciadas son graves y que los guardias civiles y sus parejas tienen derecho a una investigación judicial. Pero nos preocupa que la definición ambigua e imprecisa que contiene el Código Penal sobre terrorismo, especialmente tras la reforma realizada en 2015, pueda emplearse para calificar y castigar comportamientos que no tienen una naturaleza terrorista", asegura la responsable de Política Interior en Amnistía Internacional, Virginia Álvarez.

Debido a la calificación de estos hechos como delitos de terrorismo, algunas de las acusaciones formuladas por la Fiscalía podrían conllevar penas de prisión de más de 50 años, con 25 de cumplimiento efectivo. Una de las personas procesadas está acusada de un único delito de amenazas terroristas, basado en frases proferidas como "esto es lo que vais a tener cada vez que bajéis", por el que la Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años y seis meses de prisión.

El juicio comienza un año y medio después de que se produjeran los hechos, y 3 de los 8 acusados continúan en prisión preventiva desde noviembre de 2016. "La detención a la espera de juicio debe ser una medida excepcional, únicamente permitida para prevenir el riesgo de huida de la justicia o cuando las personas acusadas entrañen peligro para otras o para la acción de la justicia", recuerda Beltrán.

Amnistía Internacional ha manifestado su "preocupación ante el hecho de que, dentro de las garantías para un juicio justo, las autoridades judiciales hayan rechazado, sin haber motivado de manera suficiente su decisión, importantes pruebas y testigos presentados por las defensas. Durante este juicio estaremos vigilantes, para que se cumpla con lo que señala el derecho internacional, es decir, que todas las partes que comparecen tengan acceso a los mismos medios y a plena igualdad de condiciones", señala Virginia Álvarez.

La organización ha contactado con las partes implicadas en el proceso, tanto con algunas de las personas acusadas de terrorismo, sus defensas y familias, como con una de las víctimas de las agresiones, y con el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE). Según los testimonios recabados por la organización, "mientras que algunas de las personas agredidas habrían recibido apoyo y asistencia, una de ellas, la única residente en Alsasua, alega no haber recibido apenas apoyo institucional y haber sido objeto de insultos y daños de distinta índole". AI recuerda que "es función de las autoridades garantizar atención y acceso a servicios de apoyo a las personas que puedan haber sufrido un daño como resultado de un delito violento".

Ante este caso, Amnistía ha vuelto a advertir a las autoridades en España de que "la definición demasiado amplia y vaga de los delitos relacionados con el terrorismo, podía tener como consecuencia la criminalización de conductas que no parecen tener naturaleza terrorista".

La organización critica las sucesivas reformas del Código Penal, "que han ido ampliando y solapando tipos penales de gravedad dispar sin conseguir mayor claridad o sistematización". La última reforma, aprobada el mes de julio de 2015, amplió los tipos de terrorismo "con el riesgo de castigar comportamientos que no tienen naturaleza terrorista".

"El artículo 573 del Código Penal incluye un catálogo de delitos de gravedad dispar que se consideran terrorismo si persiguen finalidades como alterar gravemente la paz pública o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones". Amnistía Internacional considera que estas disposiciones son vagas e imprecisas y no permiten configurar delitos reconocibles.