El Gobierno ha recurrido la reforma de la ley de Presidencia -tanto por su contenido como por su forma de tramitación en la Mesa del Parlament-, pero no sólo ha impugnado la posibilidad de llevar a cabo una investidura telemática sino que también recurre la posibilidad de que se puedan celebrar sesiones de órganos colegiados de la Generalitat a distancia o que el nuevo gobierno pueda celebrar reuniones fuera de España. Unos detalles que tratan de abortar el plan 'D' de Puigdemont: investir a un president títere al que dictar órdenes desde el extranjero.
El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la posterior rueda de prensa, recordó que "si se admite el recurso del Gobierno, quedará inmediatamente suspendida la aplicación de esta norma". Y añadió que "ningún candidato a la presidencia de la Generalitat puede ser investido si no está presente en el Parlamento de Cataluña defendiendo en su sede su programa de investidura".
"Vamos a recurrir una decisión que permite que alguien pueda ser investido fugado de la Justicia y viviendo en el extranjero, y que permite que un consejo de miembros de Gobierno se pueda reunir fuera de su país", había adelantado poco antes Rajoy en declaraciones a la prensa en los pasillos de Congreso de los Diputados, donde había acudido a primera hora para la sesión de control al Gobierno.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya dijo ayer que la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat para permitir una investidura a distancia de Puigdemont está "fuera de la Constitución y de la realidad".
Precisamente JxCat y ERC aguardan la decisión del Constitucional sobre la reforma de la Ley de Presidencia para reactivar la investidura. La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, explicó que habrá investidura como tarde el próximo lunes 14, "si puede ser, de Puigdemont, pero si no, de otro candidato". El portavoz de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, afirmó que su partido tiene "sintonía" con JxCat para desencallar la investidura e insistió en no agotar el plazo.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite, por unanimidad, el recurso presentado por Ciudadanos contra la delegación de voto de Carles Puigdemont y Toni Comín, pero no acordó su suspensión inmediata como había pedido el partido naranja.
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