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¿El conflicto del taxi?¿O el conflicto que genera la economía desregulada al estado y al empleo?

lunes 30 de julio de 2018, 15:13h

Cuando un conflicto surge es porque hay motivos. Lo que el taxi sufre es la irrupción de un nuevo capitalismo surgido tras la globalización y la aplicación pura y dura de las nuevas tecnologías creando una nueva figura empresarial y laboral que rompe con todos los derechos sociales, humanos y sindicales de los trabajadores y trabajadoras, pero ojo, también con la capacidad de los estados de regular y sobre todo recaudar y sin recaudación, ni hay servicios, ni infraestructuras, ni administración.

La técnica es sencilla, con una plantilla muy limitada e internacionalizada, se monta una empresa con sede en estados o regiones con legislación fiscal muy favorable para que la empresa exista, pero prácticamente no contribuya y luego se crean una serie de aplicaciones informáticas para demandar servicios por parte del “consumidor” y estos los presta alguien sin contrato laboral que es un colaborador o “autónomo” vinculado de mediante la regulación mercantil como mucho y que en el culmen de la felicidad capitalista y explotadora pone él o ella su propia herramienta de trabajo que puede ser una bicicleta, moto, furgoneta, bajo comercial y lo mantiene y dota, su ordenador y su electricidad y paga su teléfono, o su propio vehículo que en muchas ocasiones es un turismo de gama alta.

El problema llega cuando el taxi (y aquí pasamos a ocuparnos de los taxistas y sus motivos de huelga), perfectamente regulados, cargados de impuestos municipales y estatales, cotizaciones sociales etc. que sí que es son en muchos casos autónomos de verdad o un asalariado en nómina y con seguridad social, debe competir con una actividad que de forma inconcebible y escandalosa no controlan los ayuntamientos, que se beneficia de los viales urbanos, los guardias locales o el constante mantenimiento de infraestructuras municipales insisto, pues ni paga impuestos municipales, ni licencia municipal ni nada.

Encima si contrae alguna obligación fiscal, que nadie controla, la contrae el propio “colaborador” y no quien se lleva pingues beneficios que es una multinacional, radicada en el extranjero en algún paraíso fiscal o similar y que no paga impuestos municipales ni al estado español y si lo hace es en una cantidad irrisoria que a cualquier empresario normal español o radicado en España, le debiera llevar a apoyar a los taxistas sin dudarlo. También y de forma más clara a la clase trabajadora pues esta huelga también defiende sus derechos laborales, sus pensiones y se enfrenta a la más alta explotación y desregulación laboral.

No estamos ante un conflicto mercantil, eso es falso. No estamos ante un conflicto entre lo nuevo (Uber, Cabify) estamos ante un conflicto entre la desregulación, el fin de los derechos y no pagar impuestos frente a la regulación, las licencias municipales, el sí pagar los impuestos correspondientes, la autonomía local que es sagrada según la Constitución y los derechos laborales, que sería lo viejo.

Es un conflicto de clase, claro que lo es, entre un sector, el del taxi que ha reconocido el que ellos son trabajadores y no empresarios y su futuro está con ellos y que con mucho valor y decisión se están enfrentado a multinacionales muy potentes y con gran capacidad publicitaria y de presión internacional. Estamos aunque algunos taxistas puedan no ser muy conscientes de ello, ante un conflicto entre la defensa del estado y su fiscalidad, la defensa de nuestras pensiones, de infraestructuras, de sanidad y otro de libre comercio desregulado, insolidario, cainita y que hace mucho daño a todos nosotros y nosotras en conjunto.

No es de recibo defender Uber y Cabify y exigir servicios municipales o sanidad pública o más salario de pensionistas y funcionarios. So pena que una sea ultra-liberal y neoliberal en el más puro sentido de la escuela de Chicago y se esté por la ley de la selva legal.

El problema es que somos en muchos casos nuevos ricos y nos puede nuestro egoísmo y falta de ética e inteligencia. Sobre todo nos falta en muchos casos pensar y analizar, pero sobre todo nos falta información no manipulada.

Finalmente, los ayuntamientos al menos los conscientes y partidarios de lo público, hace años que luchan por sus competencias y su autonomía también en la regulación del sector. La regulación del transporte público urbano, es una competencia municipal. El estado a través de anteriores gobiernos, concedió muchas licencias VTC vulnerando incluso su propia legislación. La famosa ley Montoro que es un tiro a la barriga del PP contra los municipios, trató de controlar e invadir competencias. También muchas Comunidades Autónomas.

Por tanto exigir el control municipal del servicio público de transportes, ni es novedad, ni es propio de ningún partido político. Otra cosas es que corporaciones locales no ejerzan sus competencias o tengan una visión tan liberal de la economía que se mueve en torno a ellos que sean capaces de pegarse un tiro en el pie y consentir que hayan vehículos que transporten personas sin pagar ni la luz de los semáforos, ni las gorras de la policía local, ni parques y jardines para el resto de vecinas y vecinos.

Estamos ante un conflicto de clase, de clase trabajadora contra lo que se llama ya, la uberización de la economía y que consiste mediante subterfugios y fraudes, ganar millones limpios en todo el mundo, sin trabajadores a su cargo y sin ninguna contribución solidaria. En este caso, sería volver a los cocheros victorianos del siglo XIX.

Carlos Martínez García

Politólogo y ex portuario. Miembro de la plataforma socialista pro PSF.

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