Tras la aprobación del controvertido decreto ley que exhumará a Franco del Valle de los Caídos bajo el argumento de que no es un caído de la Guerra Civil, ahora la previsión es que se saque el cuerpo del dictador antes de fin de año. El proceso no será inmediato porque hay que cumplir todos los trámites para evitar reclamaciones legales de la familia.
El Gobierno ha dado a la familia Franco un plazo de 15 días a partir del 31 de agosto para que decida dónde quiere enterrar al general. Si la familia no se hace cargo, será el Consejo de Ministros el que decida sobre el destino de los restos del militar golpista.
En una entrevista que publica este sábado el diario LA RAZÓN, Francis Franco, nieto del dictador, asegura que la familia ofrecerá una "respuesta colegiada" y reclama que no se haga "una utilización política sobre el cadáver" de su abuelo. Afirma que la familia se hará cargo de los restos y también descarta que sea enterrado en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, donde están enterradas Carmen Polo y su hija Carmen Franco por razones de seguridad.
Por su parte, la Fundación Francisco Franco anunció que interpondrá "cuantas acciones estime necesarias" para impedir la exhumación, que consideró "un mezquino ejercicio de revanchismo". En un comunicado reclamó que "se respete el ordenamiento jurídico", que considera "gravemente quebrantado" con el decreto aprobado ayer.
"La actuación del Gobierno de España constituye un supuesto inédito de incumplimiento del propio ordenamiento jurídico en la democracia española incurriendo en una conducta impropia de un Estado de derecho", dice el texto, que apunta que el decreto ley del Gobierno "constituye una doble y grave vulneración" que incumple "tratados internacionales de superior rango legal" y "vulnera gravemente los derechos de la familia Franco". La Fundación denuncia "la utilización de los recursos gubernamentales para humillar y escarnecer los restos del anterior Jefe del Estado, más allá de una triste y mezquina demostración de impotencia política y de ignorancia legal".
Por su parte, la archidiócesis de Madrid emitió ayer un comunicado en el que anunció que "acatará el mandato legal una vez sea firme y ejecutivo".
El texto aprobado por el Gobierno modifica el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica para dictaminar que "en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas". Además remite a una decisión del Congreso de 2017 para sacar a Franco que el Gobierno del PP ignoró y a una recomendación expresa de la ONU de 2014.
PP y Ciudadanos acusan al Gobierno de "desviar la atención"
El PP consideró ayer que con esta medida el Gobierno sólo busca "desviar la atención" para tapar asuntos como la subida de impuestos. El portavoz adjunto del grupo parlamentario popular, Guillermo Mariscal, criticó el "afecto especial por el decreto ley" del Ejecutivo de Sánchez y consideró "denigrante" que traslade su debilidad parlamentaria a "quebrar la unidad de España".
Para el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, la exhumación de Franco es una "cortina de humo" de Sánchez para tapar sus "dedazos" o las concesiones a sus socios parlamentarios. No obstante planteó que "no es normal que después de 40 años de democracia haya un monumento a un dictador", en referencia al Valle de los Caídos.
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