Como lo haría Maduro

Como si estuviésemos en la Venezuela de Maduro, el presidente Sánchez se propone cambiar una competencia del Senado para que la Alta Cámara no pueda interferir su propuesta de romper la estabilidad presupuestaria en el próximo debate de los Presupuestos Generales del Estado. Un repelente político de Podemos ha sentenciado que se trataba de “eliminar la última palanca de poder del PP”. Pero lo que se trata es de anular la influencia de los órganos de representación popular del sistema democrático vigente.

Las competencias del Senado no son el poder del PP ni de ningún otro partido sino las otorgadas a esta alta institución en razón de su cuerpo electoral, de raíces probablemente más profundas que la del rígido mosaico partidista del Congreso con una izquierda coyuntural y sobredimensionada. Los senadores, elegidos en listas abiertas en las que los electores solo pueden señalar tres de los cuatro que corresponden a cada provincia, no son una lista automáticamente partidista que, en el caso de las grandes circunscripciones, está formada por una nutrida serie de nombres prácticamente desconocidos por el votante, que no han desplegado una campaña individual y se han limitado a seguir dócilmente a un líder o a sustituir vacantes en la lista cuando el partido gobernante tira de lo más granado de esta lista para cargos incompatibles con la dedicación parlamentaria. Solo tres candidatos del partido ganador y uno del perdedor en cada provincia llegan al Senado. Por ello el único senador por Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla de la oposición es un personaje individualizado y destacado, como los tres personajes del partido gobernante. Esto quiere decir que los partidos no pueden correr el riesgo de proponer a cualquiera que pueda ser tachado o repudiado por los electores, los de verdad, que no son lo mismo que las bases de afiliados de los partidos o sus aparatos al confeccionar las listas con personajes incógnitos. Además los senadores tienen un solo sustituto, también elegido en las listas abiertas y, caso de que cualquier circunstancia, incluidas dimisiones o destituciones se produzcan, el puesto queda sin cubrir perjudicando al grupo parlamentario a que pertenecía el senador, hasta la conclusión de la legislatura.

Junto a los senadores mayoritariamente elegidos en régimen de igualdad por cada una de las provincias españolas, existe otro grupo de senadores electos en representación de las asambleas parlamentarias de cada una de las Comunidades Autónomas de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de cada una de ellas. Estos senadores estrechamente vinculados a la representación institucional de los territorios aportan a dicha Cámara la savia directamente procedente de las instituciones territoriales que no se corresponde necesariamente con el ambiente claustrofóbico de las sedes de los partidos. Basta repasar la lista de senadores para comprobar el grado de conocimiento regional o provincial que los respalda. Es difícil encontrar en el Senado a un político desconocido en su circunscripción, sin antecedentes curriculares ni experiencia propia.

La función de este cuerpo parlamentario diferenciado del Congreso no es un capricho reglamentario sino que está inspirada en la conveniencia de que una segunda Cámara haga una segunda lectura de las normas con un margen de reflexión que admita su corrección no solo para enmendarlas contra la mayoría del Congreso sino para la propia reflexión que puede interesar a la fuerza predominante en la Cámara Baja tras un análisis de las razones del debate inicial y tras la observación de sus repercusiones en la opinión pública y en los medios informativos. Por ello se atribuyen al Senado misiones de moderación o de consenso que en todas las democracias avanzadas elimina aristas o templa decisiones trascendentes, como en nuestro caso la intervención por parte del Gobierno de un órgano comunitario desleal, como fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Generalitat de Cataluña entonces infaustamente presidida por Puigdemont.

Este papel de reflexión, moderación y defensa del Estado no existió en el frustrado quinquenio de la II República Española, sacudida demagógicamente por las extremosidades de una cámara única contaminada y coaccionada por el enrarecido ambiente callejero. Fue uno de sus errores de origen y así lo consideró su primer presidente, Niceto Alcalá Zamora, en sus reflexiones desde el exilio. Desconociendo las lecciones de la historia, Sánchez considera razonable acordar con los neocomunistas alterar una norma para ignorar al Senado en la tramitación presupuestaria. Con 84 escaños parece decidido a imitar a Nicolás Maduro contra el parlamento venezolano porque su contrapeso no interesa a los ocasionalmente ocupantes del poder ejecutivo. Es evidente que podrá hacerlo mediante una operación ratificada por todos aquellos que votaron la moción de censura y que reformará el Artículo 15.6 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

En tiempo de descuento para debatir unos Presupuestos Generales del Estado se acuerda entre dos partidos de izquierdas romper el techo que mantiene una benéfica estabilidad presupuestaria. Es una mala decisión en sí misma. Pero tal acuerdo estaría democráticamente legitimado como decisión de un Gobierno nacido del triunfo en unas elecciones generales que hubiese llegado a la cumbre con un programa anunciado como desestabilizador por deseo del pueblo. Lo que resulta aberrante es que sea fruto de un oscuro conciliábulo para prolongar un apoyo parlamentario ocasionalmente nacido para convocar elecciones en el plazo más breve posible.

No es lo mismo una coincidencia para censurar a Rajoy que una alteración de las competencias de una Cámara Alta sin que se haya escuchado al electorado. Es como si se alterase el reglamento de un deporte cuando el partido ya ha comenzado y para favorecer un resultado distinto al que se supone adverso. Se trata de formalizar un atropello contra el respeto a un órgano de representación popular de raíces territoriales cuyo menosprecio define al frente-populismo que utiliza tales métodos como una seria amenaza para la democracia.