La polémica tras la creación de una comisión antipederastia en la Iglesia española

La Iglesia busca atajar los abusos sexuales a menores "desde el punto de vista jurídico y canónico". Así lo ha confirmado la Conferencia Episcopal Española, que ha aprobado la creación de una Comisión 'antipederastia' que actualizará los protocolos de actuación de la Iglesia española ante estos delitos, y elaborará una nueva normativa para la prevención y la protección de los menores.

Esta decisión llega un mes después de que el papa Francisco haya convocado a los presidentes de las Conferencias Episcopales para abordar los abusos sexuales a menores en una reunión privada, que tendrá lugar en el Vaticano en febrero de 2019. Por ello, la CEE ha creado una comisión que comenzará a trabajar "esta misma semana",y que estará presidida por el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández.

La polémica versa sobre este obispo dada su actuación ante el caso de abusos en el seminario de La Bañeza, cuando solo condenó a un año sin ofrecer misas al presunto culpable, algo que no cumplió. Al final, el sacerdote José Manuel Ramos Gordon estuvo confinado en un monasterio pero no fue expulsado de la Iglesia y la víctima no fue indemnizada.

La víctima, Francisco Javier, ha manifestado su decepción a 'eldiario.es', considerando "alucinante" que sea el obispo de Astorga quien presida la comisión. "El gran ocultador que solo ha dado la cara cuando tú has descubierto todo, que permitió el homenaje al tipo que abusó de mí, y que todas sus decisiones han sido a regañadientes... ¿protegiéndonos?", ha denunciado en este medio.

La comisión antipederastia tendrá, según la CEE, "un cariz fundamentalmente jurídico". Estará compuesta por juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos; del Servicio Jurídico Civil; del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica; del Servicio Jurídico de CONFER; y de la Vicesecretaría para Asuntos Generales.

Además de la reunión de febrero en el Vaticano, esta comisión va a actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia española, "que están sirviendo hasta ahora, para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico. Posteriormente, y ya de manera interdisciplinar, trabajará en la redacción de una nueva normativa de la CEE para la prevención y protección de abusos sexuales a menores".

Esta nueva normativa, que sustituirá a los protocoles actuales, se adecuará de manera más perfecta al 'Modelo de Directivas' redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores con fin de ayudar a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, para responder a los abusos en la Iglesia y para demostrar integridad en este trabajo. Estas Directivas se basan en la labor ya emprendida por muchas Conferencias y en la orientación de la Carta Circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 3 de mayo de 2011.

La Iglesia Católica asume el compromiso de: "cuidar y educar, con respeto y ejerciendo su ministerio; proteger a todos menores y adultos vulnerables; crear comunidades seguras y solidarias que ofrezcan un entorno de amor donde haya una vigilancia informada sobre los peligros del abuso."

"Y lo hará, seleccionando y formando cuidadosamente a todos aquellos con alguna responsabilidad en la Iglesia; respondiendo a cada queja de abuso contra el personal de la Iglesia; procurando ofrecer un ministerio apropiado de cuidado pastoral a aquellos que han sufrido abuso; y procurando ofrecer asistencia y apoyo pastoral, incluyendo supervisión y remisión a las autoridades apropiadas, a cualquier miembro de la comunidad eclesiástica, que se sabe que ha cometido un delito contra un menor, joven o adulto vulnerable", explica la Conferencia Episcopal en su comunicado.

La Conferencia Episcopal Española cuenta desde junio de 2010 con dos protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico. Ambos son una ayuda a los obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre la forma de proceder en caso de agresiones o abusos sexuales a menores, o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos.

Según derecho, son los ordinarios los que llevan a cabo, bajo la dirección y coordinación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los preceptivos procesos para el tratamiento de los delitos en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas.