El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas han acordado acelerar la actualización del mapa de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, tal y como ha pedido el director general para la Memoria Histórica, Fernando Martínez.
La derrota del proyecto de Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado sin efecto la partida de 15 millones destinada al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. "Teníamos previstos 15 millones de euros pero volvemos a cero. Estamos muy sensibilizados con el tema y vamos a seguir trabajando", ha aseverado Martínez.
Por ello, recordó a los presidentes autonómicos "que es objetivo prioritario del ministerio elaborar un plan estatal de exhumaciones, pero para ello es necesario actualizar el mapa de fosas e incluir en el actual, que no se ha modificado desde 2011, todas las novedades que se han producido desde entonces, y que en su mayoría se deben a la labor de localización realizada por las administraciones autonómicas".
El director general indicó que el ministerio ya tiene en marcha ese proceso de actualización, pero no es posible concluirlo sin contar con la colaboración de las comunidades autónomas, a las que propuso un plazo no superior a 45 días para darle fin. Todos los representantes autonómicos se mostraron de acuerdo, con la única cautela del distinto grado de actualización de sus respectivos mapas territoriales.
"Hemos coincidido todos en algo que es muy importante: tiene que ser el Estado el que lidere el proceso de exhumaciones, y el Estado no es solo La administración central, lo somos todos, también las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, y en ese marco queremos conveniar los procesos de exhumación y de memoria histórica en su conjunto", ha declarado.
Entre 1978 y 2000 se produjeron exhumaciones masivas sin ningún control ni rigor científico sobre las que no hay datos concluyentes. En el 2000 comienzan las intervenciones en enterramientos que respetan algún tipo de protocolo facultativo; desde entonces, y hasta 2018, se han desenterrado unas 740 fosas comunes y recuperado más de 9.000 cuerpos.
"Hasta que no se actualice el mapa es imposible evaluar el trabajo que queda pendiente por hacer ni abordar la elaboración de un plan de choque para 2019, que incluirá aquellas exhumaciones que las propias comunidades autónomas consideren prioritarias", ha reiterado Martínez.
La actualización del mapa de fosas es imprescindible también para poder acometer uno de los objetivos que se fijó la comisión sectorial en su primera reunión, que tuvo lugar el pasado 19 de septiembre de 2018, confeccionar un censo de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.
Relacionado con este punto, la comisión sectorial también abordó el proceso de creación de un banco nacional de datos genéticos que facilite la identificación de los restos que vayan recuperándose de las fosas que sean exhumadas. Martínez informó a los asistentes de que el próximo lunes 25 de febrero se reúnen en Madrid técnicos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de los distintos laboratorios que colaboran con los gobiernos autonómicos para estudiar fórmulas de cooperación que permitan poner en marcha ese banco nacional de ADN.
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