Así es el demoledor informe del Gobierno sobre las mentiras del independentismo catalán que se dará a conocer a todo el mundo

El diario 'La Vanguardia' ha tenido acceso al informe que la secretaría de Estado de la España Global, dependiente del Ministerio de Exteriores, está ya distribuyendo a medio planeta a partir de corresponsales, periodistas en el exterior e interlocutores internacionales. En este informe de 72 páginas, representado como máxima autoridad por Irene Lozano, se desmontan todas las mentiras del proceso soberanista, falsos mitos y falacias sobre la legislación y el sistema judicial español.

En concreto, el informe de España Global denuncia un total de 46 "hechos falsos", entre los que destacan los siguientes:

- El movimiento independentista no es totalmente pacífico, como quedó acreditado en el asalto al al Departament de la Consellería de Economia de la Generalitat catalana cuando estaba siendo registrada por petición judicial el 20 de septiembre de 2017.

- En España no hay presos políticos, como además acredita Amnistía Internacional. Se recuerda que ningún político catalán ha sido procesado por sus ideas y que es habitual expresarse con total libertad al respecto. Incluso hay manifestaciones públicas que denuncian que hay presos políticos y se permite (pancartas, lazos amarillos...). La opción política independentista es legal, lo que es punible por el Código Penal es desobedecer a los tribunales, legislar fuera de las competencias legales y declarar la independencia de un territorio.

- Cataluña no puede beneficiarse del derecho de autodeterminación reconocido por Naciones Unidas porque el derecho internacional sólo lo contempla en casos de territorios y pueblos oprimidos o que son colonias. Cataluña siempre ha sido un territorio integrado en la política española con total libertad y acorde a ley. El informe recuerda que ninguna de las democracias occidentales contempla este derecho para parte de sus territorios.

- El informe desacredita el ejemplo escocés: la Ley del Referéndum aprobada por el Parlamento Británico no hace referencia alguna al derecho a la autodeterminación, sino que fue un acuerdo estatal para permitir que un territorio eligiera su nuevo estatus político mediante referéndum. El resultado fue negativo sobre la salida del Reino Unido, y además no se habló nunca de autodeterminación. Además, Reino Unido no tiene una constitución escrita, como en el resto de democracias occidentales, por lo que no se tenía que negar una Carta Magna como ley marco para convocar ese referéndum. Eso se omite en las explicaciones de independentistas catalanes o de otras regiones, como el Québec, en Canadá.

- La democracia española es un caso aislado entre las democracias occidentales que no permite este referéndum. Otra falsedad: recientemente, Italia, Alemania y Estados Unidos han prohibido referéndums de independencia de parte de su territorio. Son los casos de Véneto, Baviera o Texas o California.

- Tampoco se niega la nacionalidad catalana, como se denuncia. El informe recuerda que la Constitución Española reconoce legalmente que es la catalna una "nacionalidad", igual que la vasca o la gallega, con particularidades culturales, lingüísticas, históricas y políticas. Eso no implica, tal y como estableció el Tribunal Constitucional, que el término nación se pueda emplear con eficacia jurídica.

- Se niega también el hecho de la mayoría independentista oprimida. El máximo margen a favor de la independencia en sondeos públicos y acreditados dan como mucho el 46%. En las elecciones, apenas entre un 45-47% han apoyado a políticos que exigen la independencia y la plasman en sus programas electorales como una promesa, por cierto, imposible de cumplir.

- Los incidentes de la jornada del referéndum del 1 de octubre fueron nefastos para la imagen del país, pero España Global niega las cifras infladas que se dan desde colectivos soberanistas. Esta secretaría de Estado asegura que sólo 3 personas fueron ingresadas en hospitales por algún tipo de lesión directamente derivada de cargas policiales. Se niega que hubiera "miles" de agredidos, como se aseguró.

- El referéndum del 1-O no fue democrá­tico, defiende este informe. No contó con garantías democráticas, no hubo censo oficial y están acreditadas públicamente las irregularidades en su funcionamiento, como ejemplos demostrados de varias votaciones por parte de un mismo ciudadano. El informe recuerda que el proceso no fue auditado por obser­vadores internacionales acreditados como la OSCE o el Consejo de Europa, sino sólo observadores invitados por la Generalitat a título personal.

- Es falso que no se permite a los ciudadanos elegir su futuro político, pero la Constitución establece que es en el pueblo español en el que reside la soberanía nacional y la capacidad de decisión, pero en su conjunto, no en las partes. Por eso España Global recuerda que, legalmente, es imposible un referéndum de este tipo: "Si una parte de la población del país decidiera sobre algo que pertenece a todos, equivaldría a privar de sus derechos al resto de los españoles.

- La polémica prisión preventiva: los procesados en el Tribunal Supremo por el referéndum se quejan, así como su entorno, de que llevan más de un año siendo presos a espera del fallo judicial, del que por poder, podrían quedar libres. Sin embargo, el informe de España Global recuerda que son los jueces quienes determinan que no puede producirse su puesta en libertad provisional porque hay riesgo de fuga real, ya que otros imputados se marcharon del territorio nacional huyendo de la Justicia. Se defiende que es habitual proceder de esta manera en casos así, sin que esto suponga coartar libertades individuales.

- No hay un juicio final para los acusados: esto es importante y se recuerda por España Global a los interlocutores internacionales. Los imputados, en caso de ser condenados, podrán recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en último término, por lo que se les garantizan todos sus derechos incluso ante instituciones judiciales internacionales como es la de Estrasburgo.

- Otros países han liberado a los imputados: el informe matiza los hechos de que algunos detenidos como Carles Puigdemont, arrestado en Alemania, estén en libertad gracias a la acción de distintos juzgados internacionales ordinarios. España Global recuerda que se cursaron las euroórdenes de arresto, y que estos juzgados no han negado en ningún momento que los requeridos hayan transgredido las leyes españolas, pero interpretaron que, acorde a las suyas, no podían entregarles porque los delitos imputados no tenían la misma equivalencia en sus legislaciones. Los imputados eligieron estratégicamente los países donde están huidos, Bélgica, Suiza y Escocia, porque sus abogados conocían estas particularidades.