Nuevo desafío de la Generalitat al Gobierno de Sánchez a costa de la financiación autonómica

La Generalitat de Cataluña llevará al Gobierno español a los tribunales por el impago de una parte de los ingresos del sistema de financiación autonómica que el Ministerio de Hacienda debía transferir en 2019. Así lo ha anunciado el vicepresidente catalán, Pere Aragonès en su comparecencia en el Parlament, donde ha reclamado "los 1.317 millones que nos corresponden por ley", al tiempo que ha denunciado el "ahogo económico" que dice sufrir la región.

La Generalitat lanza un nuevo desafío al Gobierno de Pedro Sánchez en materia de financiación. "Llevaremos el gobierno español a los tribunales para que se paguen los recursos de los anticipos de la financiación del 2019 que son nuestros, que nos corresponden por ley y que nos están reteniendo de forma irregular", ha manifestado Pere Aragonés en el Parlament, en una comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda. Según ha informado, el acuerdo de Gobierno para presentar el recurso contencioso-administrativo se aprobará el próximo martes.

El vicepresidente catalán ha invitado a otros presidentes autonómicos, molestos con el Gobierno central a sumarse a la iniciativa de llevar al Ejecutivo a los tribunales por la financiación. Desde Moncloa sostienen que estando en funciones, no pueden comprometer gasto para el Gobierno que se forme, tratando también de presionar para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez.

Aragonés ha explicado que la "interinidad" del Gobierno y "el fracaso de la investidura de Pedro Sánchez" han hecho que el Ejecutivo en funciones esté incumpliendo sus obligaciones con las comunidades autónomas. "Estamos hablando de 9.000 millones que el Gobierno español ha ingresado, que no le corresponden y que tiene retenidos", afirmó el vicepresidente, en alusión a los impuestos que el Estado recauda y después transfiere parcialmente a las comunidades a través del sistema de financiación. "Se demuestra que, más que 'quien paga manda', en materia de Hacienda 'quien cobra manda, y quien cobra es el Estado", espetó.

El vicepresidente de la Generalitat ha reclamado los 1.317 millones que corresponden a Cataluña, y "que incluyen 874 millones derivados de la mejora de la recaudación tributaria del año 2019, y 443 millones, que provienen de un cambio normativo en la gestión del IVA que Hacienda introdujo en 2017 y que provocó una pérdida para las comunidades equivalente a la recaudación de un mes".

Aragonés ha justificado el recorte del gasto público alegando el "el riesgo de que la recaudación tributaria retenida por el Estado no llegue en los próximos meses; por lo que tenemos que marcar prioridades para proteger los servicios públicos fundamentales y los compromisos adquiridos". Por esta razón, se ha avanzado en agosto el cierre de operaciones contables del ejercicio, que habitualmente se hace en noviembre.