Madrid da el primer paso para que los taxis ofrezcan precios cerrados y trayectos compartidos

Los taxis están ya más cerca de adaptarse a los tiempos. El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado este jueves el primer trámite para modificar la Ordenanza que regula este servicio con la finalidad de que el texto normativo municipal se ajuste al reglamento que aprobó la Comunidad el pasado mes de abril después de todas las guerras que el expresidente y actual consejero de Transportes, Ángel Garrido, libró con el sector.

Este cambio supondrá, al menos, la implantación de dos medidas importantes para la supervivencia de los taxistas: además de fijar tarifas máximas con un precio cerrado, los servicios precontratados se podrán realizar por plaza individual, siendo posible compartir vehículo.

Sin embargo, no serán las únicas. Tal y como ha avanzado la portavoz del Ayuntamiento de Madrid y delegada del área de Seguridad, Salud y Emergencias, Inmaculada Sanz, habrá más. Eso sí, se consensuarán con los taxistas. “Queremos facilitar la competencia del sector del taxi”, ha anunciado.

En este punto, la consulta pública preguntará sobre qué aspectos de los exámenes para obtener su permiso podrían mejorar; la regulación de los descansos obligatorios para equilibrar todas las licencias; la mejora de la accesibilidad de los vehículos; qué requisitos de calidad son “relevantes” y qué otros medioambientales se deberían tener en cuenta; amén de si sería adecuado establecer un sistema de licencias por puntos.

Además, otro de los asuntos que se planteará será la uniformidad o no de los trabajadores que ejercen bajo las 15.723 licencias que hay en la capital. Esto ya se ha votado varias veces entre el colectivo y el anterior Ayuntamiento de Manuela Carmena anunció que lo metería en sus planes. La cuestión, eso sí, no era tanto establecer una misma vestimenta, sino unas pautas comunes para mejorar su imagen de cara al usuario, toda vez que los conductores de VTC van trajeados.

Aun así, todavía queda tiempo para que este cambio se lleve a cabo. La modificación de una ordenanza en vigor lleva consigo largos determinados plazos que Sanz no se ha atrevido a aventurar, pues todavía se debe redactar con la respuesta de los taxistas, pasar por la comisión pertinente y conseguir su aprobación final en Pleno.

Lo que sí que parece que no se someterá a la votación de los concejales será la Ordenanza reguladora de Cabify y Uber. Pese a que la portavoz ha explicado que “son cuestionas distintas”, cabe recordar que el PP siempre fue muy crítico con el proyecto que dejó a medio aprobar la anterior delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés.

Ese proyecto preveía poner tales condiciones -limitación de kilómetros en vacío, regulación de horarios o prohibición de aparcar o parar a menos de 100 metros de aeropuertos, estaciones de tren, buses o intercambiadores de transporte- a las apps de VTC que iba a suponer la reducción de hasta un 50 por ciento de estos vehículos en fines de semana. Sin embargo, el sucesor de Sabanés, Borja Carabante, ya dio casi por hecho que iban a dejarla caer. Más, después de las conclusiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ya aseguró que generaría efectos negativos como el aumento de precios.