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Cristina Cifuentes
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Cristina Cifuentes (Foto: Chema Barroso)

Cifuentes declara hoy por el caso de la cafetería de la Asamblea madrileña

miércoles 09 de octubre de 2019, 07:53h

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes acude este miércoles 9 de octubre a la Audiencia Nacional para declarar como investigada en el marco del ‘caso Púnica’, macrotrama judicial iniciada en 2014 a través de una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que ya acumula casi cinco años.

En esta ocasión, la exdirigente tendrá que dar explicaciones con respecto a la presunta adjudicación “arbitraria” de los servicios de cafetería de la Asamblea de Madrid en 2009 y 2011, un hecho que además la relaciona directamente con la gestión de la llamada ‘caja B’ del Partido Popular madrileño.

Cifuentes fue citada de nuevo a principios de este mismo mes por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, después de que su primera citación -prevista para el pasado 1 de octubre- fuera suspendida por razones de agenda de su abogado.

Ambas llamadas responden a una petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción al juez Castellón, quien instruye el ‘caso Púnica’, que insta a declarar como investigadas tanto a Cifuentes como a la exmandataria regional Esperanza Aguirre en relación con la pieza número 9 de la trama, relacionada con la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Así, junto a la expresidenta, otras cuarenta personas -entre las que destaca Esperanza Aguirre y el expresidente Ignacio González, que deberán rendir cuentas el próximo 17 y 18 de octubre respectivamente- han sido citadas por el mismo magistrado para declarar.

En un primer momento, la UCO vinculó a Cristina Cifuentes con pagos irregulares desde Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad Autónoma de Madrid (Fundescam) -vinculada con el PP de Madrid- a "determinados empresarios y organismos empresariales, que ingresaron en 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales".

Asimismo, otro informe de la Guardia Civil destacó que Cifuentes era "partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández (dueño y fundador del Grupo Cantoblanco) en los años 2009 y 2011.

Estas adjudicaciones, realizadas en los años en los que Cifuentes presidía la mesa de contratación y formaba parte del comité de expertos que evaluó a los aspirantes, se relacionan con las donaciones realizadas por Fernández -antiguo vicepresidente de la CEOE y expresidente de los empresarios madrileños-, a Fundescam.

Según el auto de imputación, participarían en el concierto Cristina Cifuentes y la funcionaria Tatiana Sonsoles Recoder, “quienes integraron el comité de expertos que valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración” a favor de la empresa de Arturo Fernández.

"No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación y la investigada Recoder había emitido en el expediente del contrato un informe jurídico", especifica el auto, en el que se incide en que se siguió el mismo patrón cuando se volvió a adjudicar el servicio al Grupo Cantoblanco en 2011.

Imputación

Tras conocerse la petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar a Cifuentes el pasado mes de agosto como investigada en el `caso Púnica‘, la expresidenta se pronunciaba indirectamente sobre ello a través de las redes sociales indicando que “la verdad prevalecerá, para traer luz donde haya pesares”.

En concreto, lo hacía a través de un post en Instagram, donde dejaba escrita la cita del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, junto a una foto suya tomada en un balcón del Teatro Real -en la que se ve de fondo el Palacio Real y donde figura con la bandera nacional y con la de la Comunidad de Madrid-.

En la imagen, a algunos de los comentarios de sus seguidores la exdirigente responde que el tiempo "pondrá a cada cual en su lugar" pero que, aunque eso ocurra, "nadie pedirá perdón ni tampoco nada compensará el sufrimiento causado".

"Supongo que estoy pagando por no haber bailado al son que algunos marcaban y haber levantado determinadas alfombras... pero el tiempo pondrá las cosas en su lugar", lanzaba a sus seguidores.

Caso Máster

Sin embargo, y a pesar de que la macrocausa judicial ya señalaba directamente a la expolítica cuando ejercía como líder del PP de Madrid y encabezaba el Gobierno regional, Cifuentes renunció a este último cargo por unas cremas. Unas cremas que, todo hay que decirlo, rebosaron un cántaro que ya estaba muy lleno.

La dimisión se Produjo el 25 de abril de 2018, el mismo día en el que se hicieron públicos una serie de vídeos a través de los medios de comunicación en los que se puede ver a la exmandataria junto a un vigilante de seguridad de un supermercado de la cadena Eroski tras sustraer, presuntamente, una serie de botes cosméticos en 2011.

En el momento en el que sucedió el presunto hurto, la expresidenta ejercía como vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, liderada en aquel momento por Esperanza Aguirre, y, como dijo en su momento, se trató de una “equivocación”.

Por el contrario, durante la primavera de 2018 el verdadero dedo acusador contra Cifuentes la señalaba por el denominado ‘caso Máster’. El diario digital eldiario.es publicó en 2017 una noticia en la que implicaba a la expresidenta en un caso de irregularidades en la adjudicación de su título de máster que cursó en 2011-2012 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La nota del digital, a la que le siguieron muchas más, desembocó en un procedimiento por el que finalmente la Fiscalía de Madrid ha solicitado tres años y tres meses de prisión para la expresidenta por un delito de falsedad en documento oficial este mismo año.

El Ministerio Público considera a la exdirigente madrileña inductora de la falsificación de un acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) "que jamás se produjo" y que exhibió en varios medios y redes sociales "para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse".

Así, la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ratificaba el pasado mes de abril el juicio a la expresidenta tras desestimar el último recurso de apelación formulado por esta, así como por el catedrático ya fallecido Enrique Álvarez Conde y por la exasesora de la Consejería de Educación Teresa Feito, los tres implicados en la causa.

Tras examinar los motivos de la apelación, y entre otros fundamentos jurídicos, la Sala concluyó por unanimidad que Cristina Cifuentes "exhibió públicamente el documento inveraz que había inducido a confeccionar, siendo plenamente consciente de su falsedad, pues era sabedora, como nadie, que no había llevado a cabo el trabajo de fin de máster, ni lo había defendido el mismo ante un tribunal universitario".

Esta consideración determinó además el rechazo del recurso formulado por la supuesta conculcación del derecho a la presunción de inocencia de los interesados y, como consecuencia, ratifica la apertura de juicio, que aún permanece pendiente de que se fije fecha

Así, la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ratificaba el pasado mes de abril el juicio a la expresidenta tras desestimar el último recurso de apelación formulado por esta, así como por el catedrático ya fallecido Enrique Álvarez Conde y por la exasesora de la Consejería de Educación Teresa Feito, los tres implicados en la causa.

Tras examinar los motivos de la apelación, y entre otros fundamentos jurídicos, la Sala concluyó por unanimidad que Cristina Cifuentes "exhibió públicamente el documento inveraz que había inducido a confeccionar, siendo plenamente consciente de su falsedad, pues era sabedora, como nadie, que no había llevado a cabo el trabajo de fin de máster, ni lo había defendido el mismo ante un tribunal universitario".

Esta consideración determinó además el rechazo del recurso formulado por la supuesta conculcación del derecho a la presunción de inocencia de los interesados y, como consecuencia, ratifica la apertura de juicio, que aún permanece pendiente de que se fije fecha.

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