Sánchez se niega a hablar con Torra mientras no condene con firmeza la violencia

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez no ha respondido a la llamada telefónica del presidente catalán Quim Torra, que le ha reclamado la apertura de una mesa de negociación para solucionar el conflicto. La llamada se ha producido el mismo día en que Torra ha instado a Sánchez a fijar día y hora para el encuentro, pero desde Moncloa han declinado la conversación y se han limitado a reclamar una condena firme de la violencia al Govern.

La semana de protestas contra la sentencia del procés terminó con una caótica noche de viernes, que se saldó con 83 detenidos y 182 personas heridos. Los radicales soberanistas se enfrentaron con la Policía, quemaron contenedores y levantaron barricadas, convirtiendo la plaza Urquinaona y la Via Laietana en el escenario de una batalla campal.

Los disturbios arrancaron antes de que finalizara una marcha pacífica contra la sentencia del procés, que concentró a cerce de medio millón de personas.

El Govern de Quim Torra ha mantenido una reunión este sábado con los alcaldes de Girona, Lleida y Tarragona a la que no ha asistido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Tras ella, el president ha instado a Sánchez a reabrir la mesa de diálogo para encauzar el conflicto político catalán, y aunque ha dicho que "la violencia no es nuestra bandera y no nos representa", no ha condenado en firme los disturbios.

Sin embargo, el presidente del Gobierno en funciones se ha negado a coger el teléfono a Torra, y se ha limitado a exigir que condene con firmeza la violencia y reconozca y agradezca el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los Mossos.

Moncloa no tiene intención de tomar por el momento medidas adicionales para tratar de poner fin a las protestas de radicales en Cataluña, pero ha pedido al president que se desmarque y censure estos hechos.

Los partidos de la oposición a nivel nacional también han pedido a Sánchez que actúe, y mientras Unidas Podemos apuesta por el diálogo para rebajar la tensión, PP, Cs y Vox reclaman la aplicación del artículo 155, la Ley de Seguridad Nacional e incluso la declaración del Estado de emergencia.